Una coalición de organizaciones presentó una demanda ante el tribunal de apelaciones del Circuito de Washington D.C. impugnando la revocación de la “constatación de peligro” de 2009, que servía como fundamento legal para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos.
La demanda contra la administración Trump
Una amplia coalición de organizaciones ambientalistas y de salud presentó el miércoles 17 de febrero de 2026 una demanda contra el gobierno de Donald Trump por haber derogado la “constatación de peligro” (Endangerment Finding), un texto adoptado en 2009 durante el mandato de Barack Obama que establecía que seis gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública y el bienestar de los estadounidenses .
La demanda, presentada ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington D.C., impugna la determinación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de que no es responsable de proteger a la población de la contaminación climática, así como la eliminación de las normas para reducir las emisiones de vehículos .
Las organizaciones demandantes
El caso fue presentado por una coalición de organizaciones representadas por distintos bufetes de interés público :
- Representadas por Clean Air Task Force: American Public Health Association, American Lung Association, Alliance of Nurses for a Healthy Environment, Clean Wisconsin
- Representadas por Earthjustice: Center for Community Action and Environmental Justice (CCAEJ), Clean Air Council, Friends of the Earth, Physicians for Social Responsibility, Rio Grande International Study Center (RGISC), Union of Concerned Scientists
- Organizaciones adicionales: Center for Biological Diversity, Conservation Law Foundation, Environmental Defense Fund, Environmental Law & Policy Center, NRDC (Natural Resources Defense Council), Public Citizen, Sierra Club
Los demandados nombrados son el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y la propia agencia como institución .
El fundamento legal de la demanda
Bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), la EPA está legalmente obligada a limitar las emisiones vehiculares de cualquier contaminante atmosférico que la agencia determine que “causa o contribuye a la contaminación del aire que razonablemente pueda anticiparse que ponga en peligro la salud pública o el bienestar” .
En 2007, la Corte Suprema estableció en el caso Massachusetts v. EPA que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero son inequívocamente contaminantes atmosféricos bajo la Ley de Aire Limpio y ordenó a la EPA determinar, con base en la ciencia, si esa contaminación pone en peligro la salud humana y el bienestar . La EPA emitió esa determinación en 2009, lo que condujo a nuevos estándares para vehículos .
Las organizaciones demandantes argumentan que, con su revocación, la EPA de Trump está “replanteando argumentos legales que la Corte Suprema ya consideró y rechazó en Massachusetts v. EPA” .
Declaraciones de los demandantes
David Pettit, abogado del Center for Biological Diversity, declaró: “Estamos demandando a Trump para impedirle reducir a cenizas el futuro de nuestros hijos con el fin de ofrecer un gigantesco regalo a las compañías petroleras. Nadie más que las grandes petroleras se beneficia de que Trump destruya la ciencia climática y haga que los autos y camiones consuman más y contaminen más. Los consumidores pagarán más para llenar el tanque, y nuestros cielos y océanos se llenarán de más contaminación” .
Georges C. Benjamin, director ejecutivo de la American Public Health Association, señaló: “Ignorar la evidencia científica de la amenaza que la contaminación climática representa para la salud de todos nosotros envía un mensaje muy equivocado a las comunidades de todo el país y el mundo. La EPA tiene el deber de considerar el bienestar y la seguridad de todos, y la ciencia es clara; el cambio climático y la contaminación del aire amenazan la salud de todos” .
Meredith Hankins, directora legal para clima de NRDC, afirmó: “Los argumentos legales chapuceros de la EPA de Trump deberían ser ridiculizados en los tribunales. Socavar la capacidad del gobierno federal para abordar la mayor fuente de contaminación climática es extremadamente grave, pero las razones legales y científicas de la administración para hacerlo son una broma” .
Impacto económico y en la salud
Junto con la derogación de la constatación de peligro, la EPA eliminó todos los estándares de emisiones de carbono de los vehículos. Los estándares de autos limpios establecidos en 2024 habrían ahorrado a los compradores de autos nuevos un promedio de 6,000 dólares durante la vida útil de sus vehículos .
El análisis de la propia EPA encontró que eliminar los estándares vehiculares aumentará los precios de la gasolina, obligará a los estadounidenses a gastar más en combustible y será un factor neto negativo para la economía .
La postura del gobierno Trump
El presidente Trump anunció la derogación el 12 de febrero, calificándola como “la acción de desregulación más grande en la historia de Estados Unidos” . El administrador de la EPA, Lee Zeldin, declaró que la administración “seguiría estrictamente la letra de la ley, devolviendo el sentido común a las políticas, ofreciendo opciones a los consumidores estadounidenses y promoviendo el sueño americano” .
El gobierno ha argumentado que la revocación generará más de un billón de dólares en ahorros regulatorios y abaratará el costo de los autos nuevos en miles de dólares . El procurador general de Virginia Occidental, JB McCuskey, elogió la medida, afirmando que “salvará a los contribuyentes estadounidenses más de 1.3 billones de dólares” .
Próximos pasos legales
El caso fue presentado directamente ante el tribunal de apelaciones, dada la naturaleza del desafío a una norma federal. Las organizaciones demandantes confían en sus argumentos basados en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema en 2007 y en las decisiones posteriores que han confirmado la validez de la constatación de peligro .
“Con esta acción, la EPA pone patas arriba su misión”, declaró Hana Vizcarra, abogada senior de Earthjustice. “Abandona su mandato central de proteger la salud humana y el medio ambiente para impulsar a las industrias contaminantes e intenta reescribir la ley para hacerlo” .
