Autoridades federales y estatales reportaron el aseguramiento de más de 13 toneladas y 13 mil litros de precursores químicos en Durango, utilizados para la producción de drogas ilícitas. La operación fue resultado de investigaciones coordinadas y el trabajo de inteligencia de distintas corporaciones de seguridad, que permitieron identificar y confiscar los insumos antes de su transformación. Los responsables fueron puestos a disposición de la fiscalía especializada, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes para determinar la procedencia y destino de los químicos.

El decomiso incluye sustancias altamente controladas, cuya utilización ilegal representa un riesgo significativo para la salud pública y la seguridad nacional. Las autoridades destacaron la importancia de estas acciones preventivas para frenar la producción de narcóticos y reducir el impacto de organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país. La colaboración entre niveles de gobierno y agencias especializadas ha sido clave para la efectividad de estos operativos y la preservación de pruebas fundamentales para la investigación judicial.

La operación también incluyó inspecciones en instalaciones industriales y depósitos sospechosos, asegurando que los responsables no pudieran continuar con actividades ilícitas. La coordinación entre fuerzas de seguridad y la fiscalía permitió documentar los hallazgos y garantizar que los elementos confiscados fueran tratados de manera segura. Se prevé que los resultados de esta acción contribuyan a la desarticulación de redes criminales, fortaleciendo la seguridad en Durango y sirviendo como precedente para futuras operaciones similares en otras entidades.

El aseguramiento de precursores químicos en Durango refleja el compromiso de las autoridades por combatir la producción y tráfico de drogas ilícitas. Asimismo, resalta la importancia de estrategias de prevención, control y vigilancia en la cadena de suministro de sustancias reguladas. La acción refuerza la política nacional de seguridad y la cooperación entre dependencias federales y locales, con el objetivo de proteger a la población y garantizar la aplicación de la ley frente a delitos relacionados con drogas y sustancias químicas controladas.