Especialistas señalan que el gravamen ha funcionado como mecanismo de recaudación y no como política de salud pública, mientras las cifras de sobrepeso se quintuplican en el estado.

A más de una década de la implementación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, los índices de obesidad en Puebla no solo no han disminuido, sino que han experimentado un crecimiento exponencial. Lo que en 2014 fue presentado como una estrategia pionera en materia de salud pública se ha convertido, según especialistas, en un mecanismo predominantemente recaudatorio sin efectos sostenidos en la población.

De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud, en 2014 se contabilizaban 5 mil 915 personas con obesidad en el estado. Al cierre de 2025, la cifra ascendió a 21 mil 789 casos, lo que representa un incremento superior al 268 por ciento en solo once años. Este aumento contrasta con la aplicación gradual de impuestos a productos ultraprocesados, cuyo incremento más reciente entró en vigor el 1 de enero de 2026.

Efectividad limitada a los primeros años

Un estudio del Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados, titulado “Políticas contra la obesidad, el etiquetado frontal y los impuestos especiales”, concluyó que el IEPS mostró resultados únicamente durante sus primeros dos años de aplicación. Entre 2014 y 2016 se registraron reducciones de entre 5.5 por ciento y 9.7 por ciento en el consumo de bebidas azucaradas, con una disminución de hasta 17.4 por ciento en hogares vulnerables.

Sin embargo, el documento reconoce que “la efectividad del IEPS se diluyó con el tiempo”. Las actualizaciones de la cuota fueron mínimas: 1.17 pesos en 2018, 1.27 en 2020 y 1.30 pesos en 2023, montos insuficientes para mantener su poder disuasorio frente a la inflación. Además, los fondos recaudados se integraron al presupuesto general sin etiquetarse para programas de salud, lo que limitó su impacto como herramienta de política pública.

Impuesto recaudatorio sin destino claro

Anselmo Chávez Capó, economista y académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), consideró que el impuesto tiene un carácter principalmente recaudatorio debido a la falta de claridad sobre el destino de los recursos obtenidos.

“No estamos viendo hacia dónde va ese recurso. En este momento no existe un plan que indique que los recursos captados serán asignados al sector salud ni la manera en que serán distribuidos”, criticó el especialista.

A su juicio, la ausencia de un compromiso claro para etiquetar los ingresos y dirigirlos a zonas con mayor incidencia de enfermedades genera la percepción de que se trata más de una estrategia fiscal que de una política sanitaria. Por ello, planteó la necesidad de transparentar el uso del dinero público y establecer planes operativos claros que permitan evaluar los resultados de la política pública.

Esta postura es respaldada por Alicia Rivera Favila, responsable del Programa de Salud Universitaria de la Universidad Iberoamericana Puebla, quien consideró que, si bien la medida pudo generar efectos positivos durante los primeros años, sin políticas complementarias terminó funcionando principalmente como un mecanismo recaudatorio.

Problemas estructurales detrás del consumo

La investigadora argumentó que el consumo de bebidas azucaradas y comida ultraprocesada no puede atribuirse únicamente a decisiones individuales, sino que responde a factores estructurales que no han sido atendidos: el acceso limitado al agua potable, la falta de tiempo de las personas trabajadoras para preparar alimentos en casa y la constante expansión de la industria alimentaria.

“Si la población no puede beber agua y lo que tiene a la mano es refresco, pues aunque sea carísimo, es lo único que puede ayudarle a subsanar la sed. Si no hay acceso al agua bebible, difícilmente podrán elegir”, explicó Rivera Favila.

Por ello, afirmó que solo cuando exista acceso universal a agua segura será posible que la población elija opciones saludables de manera informada. El enfoque salutogénico, explicó, busca precisamente fortalecer las condiciones que mantienen la salud, y no únicamente aquellas que intentan prevenir la enfermedad.

Asimismo, destacó que las dinámicas laborales actuales influyen en el consumo de comida ultraprocesada. Las jornadas extensas y los ritmos de vida acelerados provocan que muchas personas recurran a alimentos disponibles de forma inmediata, generalmente en tiendas de conveniencia donde predominan productos poco saludables.

Actualmente, explicó que el problema de la seguridad alimentaria en las ciudades no siempre está relacionado con el ingreso económico, sino con la disponibilidad inmediata de alimentos saludables. Cuando no hay opciones en casa, lo más accesible suele ser acudir a tiendas abiertas las 24 horas, donde predominan productos ultraprocesados.

Consumo alarmante en México

Si bien no existen datos específicos sobre cuánto y con qué frecuencia se consumen estos productos en Puebla, en agosto pasado el secretario de Salud federal, David Kershenobich, informó que un mexicano consume en promedio 166 litros de refresco al año, lo que coloca al país entre los mayores consumidores de bebidas azucaradas en el mundo.

Además, siete de cada diez niños y adolescentes consumen refresco diariamente, incluso durante el desayuno, situación que contribuye a que cuatro de cada diez presenten sobrepeso u obesidad.

A nivel nacional, la Secretaría de Salud federal reportó en marzo de 2025 que el 37.3 por ciento de los adultos mexicanos tiene sobrepeso y el 38.9 por ciento obesidad. En adolescentes de 12 a 19 años, la prevalencia es del 38.1 por ciento.

Puebla, quinto lugar en obesidad infantil

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), cuatro de cada diez niños y adolescentes en Puebla padecen sobrepeso u obesidad, lo que coloca al estado en el quinto lugar nacional en obesidad infantil.

Esta situación se agrava en el entorno escolar. A pesar de la prohibición federal de venta de comida chatarra en escuelas, Puebla figura entre los estados que más ignoran esta disposición, permitiendo que los menores tengan acceso a productos ultraprocesados dentro de los planteles educativos.

Cambios en 2026: aumento al impuesto y etiquetado de recursos

A partir del 1 de enero de 2026, como parte del Paquete Económico de este año, la cuota del IEPS a bebidas azucaradas se duplicó, pasando de 1.64 pesos a 3.08 pesos por litro. Este incremento responde a que el 76.2 por ciento de la población adulta en México padece sobrepeso u obesidad.

La novedad respecto a años anteriores es que los recursos recaudados con este impuesto se etiquetarán específicamente para estrategias de prevención y atención a enfermedades crónicas como diabetes y problemas cardíacos, lo que podría representar un cambio de enfoque en la aplicación de la medida.

Adicionalmente, la industria refresquera acordó reformular sus productos para disminuir el contenido de azúcar y ampliar opciones más saludables, a cambio de mantener un impuesto menor para las versiones light o de dieta.

Acciones institucionales en Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, ha anunciado acciones contundentes alineadas con la estrategia federal “República Sana”, que incluye la prohibición de comida chatarra en escuelas y la capacitación a más de 2,400 trabajadores de la salud para reducir el consumo de edulcorantes.

“Es momento de elegir entre la utilidad de las empresas que comercializan estos productos y la vida de nuestra gente. Para mí, la salud es prioridad”, declaró el mandatario estatal.

Propuestas para una política integral

Ante este panorama, los especialistas coinciden en la necesidad de implementar una política integral que vaya más allá de los impuestos. El académico de la UPAEP añadió que el gobierno debería impulsar acciones orientadas a promover el consumo de alimentos menos industrializados, incentivar cambios en los procesos productivos y fortalecer la educación alimentaria desde el sistema educativo, sin afectar abruptamente a las industrias que generan empleo.

También propuso trabajar con el sector productivo para reducir colorantes, conservadores y saborizantes artificiales, así como fomentar una cultura alimentaria basada en productos naturales y equilibrados.

Por su parte, la investigadora de la Ibero Puebla recomendó que las familias realicen diagnósticos de sus hábitos alimentarios y establezcan planes de consumo acordes con sus necesidades. Esto implica definir días de compra, formas de conservación de alimentos y estrategias para preparar comidas saludables dentro de la rutina diaria.

La evidencia indica que, por sí solos, los impuestos no resuelven el problema de la obesidad. Sin políticas complementarias que garanticen el acceso al agua potable, promuevan entornos alimentarios saludables y eduquen a la población desde edades tempranas, el gravamen continuará siendo únicamente una medida recaudatoria con escaso impacto en la salud de los poblanos.