Tras el hallazgo de al menos seis fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, municipio de Concordia, colectivos de búsqueda demandan a las autoridades federales y estatales información sobre los restos localizados, en un contexto de violencia extrema donde las madres han tenido que convertirse en investigadoras forenses ante la inacción del Estado.

María Isabel Cruz Bernal, una mujer originaria de Oaxaca que se vio forzada a trasladarse a Sinaloa para convertirse en abogada e investigadora de su propia tragedia, sabe que buscar a un hijo en Sinaloa significa aprender a correr para esquivar balas y mirar al cielo para protegerse de los drones del crimen organizado. También implica valorar qué tanto se puede avanzar para encontrar al ser querido o parar para cuidar la vida propia.

Desde la desaparición de su hijo Yosimar García Cruz, un policía municipal visto por última vez el 26 de enero de 2017, María Isabel fundó la asociación civil Sabuesos Guerreras A.C., colectivo que hoy agrupa a más de 2,500 familias en Sinaloa y del cual es presidenta, una labor que desempeña pese a enfrentarse al peligro en una zona en conflicto armado por la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

“Desde que se soltó la guerra siempre hemos estado en peligro. Yo tengo 13 amenazas de muerte, pero nunca he dejado de buscar ni a mi hijo ni a los hijos de los demás. Buscar en este contexto, ¡híjole, es bastante difícil porque a veces tienes que salir corriendo, tienes que, literal, esquivar balas, esquivar los drones, da miedo!”, confiesa en entrevista con Animal Político.

El hallazgo de fosas en Concordia

Hace unas semanas, la desaparición de 10 trabajadores de la mina canadiense Vizsla Silver —siete mineros, un geólogo y dos ingenieros— en el municipio de Concordia desató un megaoperativo sin precedentes por parte de las autoridades federales y estatales. Las labores de búsqueda derivaron en el descubrimiento de al menos seis fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, con un total de 15 cuerpos exhumados desde el pasado 3 de febrero.

De estos 15 cuerpos, cinco han sido identificados y corresponden a los trabajadores de la mina que fueron secuestrados el 23 de enero. Sin embargo, los 10 restantes permanecen sin identificar, lo que ha generado una profunda angustia entre los colectivos de búsqueda del estado.

Denuncias ignoradas y dobles raseros

Para María Isabel, el contraste en la respuesta del Estado ante diferentes desapariciones es evidente y doloroso. “Desafortunadamente tuvieron que desaparecer 10 mineros para que se desplegara un fuerte operativo”, afirma, recordando que Sinaloa lleva más de un año y medio en una guerra brutal donde las personas desaparecen “por igual de montones”.

La fundadora de Sabuesos Guerreras relata que hubo el caso de una familia de 60 integrantes que se esfumó y “no se hizo megaoperativo, no se hizo ni ruido siquiera”. Para ella, la lección que dejó la desaparición de los trabajadores de la mina es innegable: “Ahora sabemos que cuando el gobierno quiere puede”.

Lo más indignante para los colectivos es que ellos ya habían alertado sobre irregularidades en El Verde desde hace meses. “Incluso las compañeras de Mazatlán, que son las que han acudido y han ido a trabajar esas partes, muchas veces se detienen porque el crimen organizado las ataca en los predios. No te deja penetrar. Entonces, aunque vayas con seguridad, no hay garantía de que sea completamente seguro entrar a un lugar”, señala María Isabel.

El bloqueo de información como tortura psicológica

Tras la localización de las fosas en El Verde, la zona quedó bajo resguardo federal, lo que ha representado una barrera infranqueable para los colectivos civiles. Las madres buscadoras no pueden acceder al lugar ni obtener información oficial sobre los restos encontrados.

“Nos van a proporcionar información ni tampoco nos van a dejar penetrar a este lugar, pues es más la angustia y la incertidumbre, ¿no? Es morir más lentamente”, describe María Isabel esta exclusión como una agonía insoportable.

Las buscadoras solo saben lo que logran leer en la prensa. No exigen expedientes clasificados a la Fiscalía General de la República (FGR), sino un mínimo acto de empatía: que las autoridades informen sobre las características de las prendas de los cuerpos no identificados para que ellas puedan descartar que sus hijos estén ahí.

El colectivo “Por las Voces Sin Justicia” emitió un comunicado en el que las familias manifestaron que cada descubrimiento representa una posibilidad de encontrar a quienes les fue privada su libertad y subrayaron que la opacidad en los datos oficiales no solo incrementa su incertidumbre y dolor, sino que constituye un acto de revictimización.

Sabuesos Guerreras también emitió un comunicado urgente en el que hizo un llamado “a la acción institucional” de las autoridades, lanzando un exhorto directo a la FGR, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno del Estado de Sinaloa para que cumplan su deber de informar de manera digna y constante.

Cifras que evidencian una crisis humanitaria

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde 2006 hay 6 mil 829 personas desaparecidas en Sinaloa. Culiacán concentra la mayor cantidad con 2 mil 129 casos, seguido por Mazatlán con mil 636, Ahome con mil 3 y Navolato con 380.

Concordia, el municipio donde ocurrieron los recientes hallazgos, ocupa el lugar 11 de la lista con 92 personas desaparecidas. Sin embargo, de manera desagregada, destaca que en el mismo periodo 2006-2024 no hubo ni un solo hallazgo de fosas en este municipio, hasta ahora.

En materia de fosas clandestinas, de acuerdo con la Plataforma Ciudadana de Fosas impulsada por organizaciones de la sociedad civil, de 2006 a 2024 la Fiscalía estatal ha detectado 128 fosas en Sinaloa, con 122 cuerpos sin identificar, así como 14 fosas identificadas por la FGR con 24 cuerpos.

Por municipios, Ahome concentra la mayor cantidad de hallazgos, seguido por Culiacán, Guasave, Mazatlán y Angostura.

Policías, otras víctimas de una guerra ajena

El caso de Yosimar García Cruz, el hijo de María Isabel, ilustra cómo los servidores públicos también han sido víctimas del conflicto interno del crimen organizado. Yosimar, policía municipal en Culiacán, desapareció el 26 de enero de 2017.

La única línea de investigación que sostiene su madre es que su hijo quedó atrapado en el fuego cruzado tras cumplir con su deber. “Él participó en el rescate de los militares heridos tras el bombazo en el 2016”, un violento ataque ocurrido el 30 de septiembre en la salida norte de Culiacán.

Asegura que por ser de los primeros uniformados en llegar a auxiliar a los heridos, la venganza los alcanzó. “A raíz de ahí viene la desaparición de él y dos compañeros más”, explica María Isabel, añadiendo que todos los policías que participaron en ese evento están muertos.

Para sostener su labor de búsqueda, María Isabel tuvo que promover un amparo legal para conservar el sueldo de policía de su hijo desaparecido, ya que vive y se mueve con ese cheque para financiar las labores del colectivo y la asesoría legal gratuita que ofrecen a otras familias.

“Vivo y me muevo con el cheque de mi hijo, para hacer las búsquedas, para hacer todo. Yo soy 24/7 en esto, no cobro un solo peso”, relata con la firmeza de quien ha hecho de la esperanza un trabajo a tiempo completo.

La normalización del terror en Sinaloa

Esta lucha ocurre en un escenario social donde la brutalidad es el pan de cada día. “Todos los días amanecemos con que bombardearon una casa, con que ‘rafaguearon’ otra, con que aparecen más cuerpos. Ayer aparecieron los cuerpos de dos mujeres”, afirma María Isabel.

Para esta madre buscadora, la constancia del horror ha anestesiado a la sociedad, al punto de que “es tan normal que ya nadie dice nada”. La empatía ciudadana parece haberse esfumado bajo el peso de la violencia: “Que alguien desaparezca mientras no sea el tuyo no interesa”, lamenta.

Otra madre asesinada

El 27 de febrero, Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora del colectivo “Corazones Unidos por una Noble Causa”, fue asesinada en Mazatlán. Rubí se integró a la búsqueda tras la desaparición de su hijo hace apenas un año. La Fiscalía de Sinaloa ya identificó y capturó al presunto responsable, José Manuel “N”.

Este asesinato evidencia los riesgos extremos que enfrentan quienes se atreven a buscar a sus desaparecidos en un territorio dominado por el crimen organizado y con una respuesta estatal insuficiente.

Movilización nacional hacia Concordia

Ante la crisis humanitaria y la falta de información, madres buscadoras de Sonora, lideradas por Cecilia Flores, anunciaron que se trasladarán a Concordia para buscar a sus desaparecidos en cuanto las autoridades federales terminen los trabajos de exhumación en la zona.

Mientras tanto, las madres sinaloenses continúan su lucha diaria, cavando en la tierra con sus propias manos, esquivando balas y drones, y exigiendo a un Estado que parece olvidarlas que al menos les informe si los restos encontrados en las fosas de Concordia pertenecen a sus hijos.

Porque detrás de cada fosa, de cada cuerpo sin nombre, hay una madre que no descansará hasta encontrarlo.