Ante el reciente aumento de incidentes violentos en planteles educativos, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa de ley para imponer penas de prisión a los padres de familia o tutores cuyos hijos menores de edad ingresen con armas de fuego a las escuelas. La propuesta busca modificar el Código Penal local para establecer que la falta de vigilancia y el almacenamiento irresponsable de armamento en el hogar se considere una omisión grave, responsabilizando penalmente a los adultos por los daños o riesgos que el menor pueda generar en el entorno escolar.
Los impulsores de esta medida argumentan que la seguridad de las aulas comienza en casa y que la mayoría de las armas utilizadas por menores son sustraídas de sus propios domicilios debido a la negligencia de sus cuidadores. Además de la cárcel, la reforma contempla la obligatoriedad de asistir a cursos de prevención de la violencia y programas de salud mental para el núcleo familiar afectado. Con esta normativa, la CDMX busca sentar un precedente preventivo que obligue a los ciudadanos a garantizar que ningún objeto bélico esté al alcance de los niños, protegiendo así la integridad de toda la comunidad estudiantil.
