Conductores de plataformas como Uber y DiDi expresan su preocupación por un nuevo requisito impuesto por el gobierno estatal que, aseguran, afectará la rentabilidad de su trabajo y les representa un gasto no contemplado.

La implementación de una certificación obligatoria para choferes de transporte ejecutivo y otras modalidades ha generado malestar entre conductores de aplicaciones, quienes prevén un “golpe” a su economía y un riesgo para la rentabilidad de su labor.

La normativa, impuesta por el Gobierno del Estado y con vigencia en dos meses, exige que operadores de transporte público, taxis de alquiler, servicio ejecutivo y grúas obtengan un certificado del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Muchos choferes se enteraron del requisito a través de notas periodísticas y redes sociales, lo que tomó por sorpresa a la comunidad. Aunque algunos respaldan la iniciativa por considerar que mejora el servicio, critican la falta de un aviso oficial previo por parte de las plataformas.

Ahora, los conductores deberán destinar parte de sus ganancias a un trámite que, según una cotización, tiene un costo de hasta $3,400 pesos, con validez federal por dos años. Este gasto se suma a sus obligaciones diarias, impuestos y pagos del vehículo.

Fernando Andreu García, conductor con más de seis años de experiencia, consideró “ilógico” el requisito para quienes ya tienen años en el oficio. Aunque no se opone a la certificación, cuestiona la acumulación de trámites.

“Más adelante ya no va a ser redituable, ya no vamos a depender solamente de una aplicación, vamos a tener que tener otro trabajo más”, expresó, destacando la dificultad para alcanzar la meta de rentabilidad que Uber exige para acceder a seguro social.

El proceso de certificación ante el CONOCER de la SEP puede incluir la evaluación de habilidades mediante videos subidos a una plataforma. Los conductos deben acreditar competencias que van desde la inspección visual del automóvil hasta el manejo defensivo. El pago se divide en una primera parcialidad de $1,450 pesos y un pago final de $1,950 al concluir la evaluación.

Con esta nueva carga financiera, los choferes se enfrentan a un panorama incierto donde la rentabilidad de su trabajo se ve, una vez más, puesta a prueba.