El gobierno de China aprobó una nueva legislación destinada a reforzar la unidad nacional entre los distintos grupos étnicos del país y promover el uso del mandarín como lengua principal en ámbitos como la educación, la administración pública y la vida social.
La ley, denominada “Promoción de la unidad étnica y el progreso”, fue aprobada el 12 de marzo por el Congreso Nacional Popular, el máximo órgano legislativo del país, durante la sesión de clausura de su reunión anual. La iniciativa obtuvo 2,756 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones, y entrará en vigor el 1 de julio de 2026.
Objetivos de la nueva legislación
De acuerdo con el gobierno chino, la norma busca fortalecer una identidad nacional compartida entre los diferentes pueblos del país y consolidar la cohesión social. También pretende impulsar el desarrollo económico y social en regiones con presencia significativa de minorías étnicas, muchas de las cuales se encuentran en zonas remotas o históricamente menos desarrolladas.
Entre sus disposiciones se establece que el mandarín estándar debe utilizarse como idioma principal en la educación y en actividades oficiales, aunque las autoridades sostienen que las lenguas minoritarias continuarán siendo protegidas.
Además, el texto legal promueve políticas para fomentar la integración social, el desarrollo de infraestructura, la mejora de servicios públicos y el crecimiento económico en áreas habitadas por minorías étnicas.
Diversidad étnica en China
China reconoce oficialmente 56 grupos étnicos, siendo el mayoritario el grupo han, que representa más del 91 % de los aproximadamente 1,400 millones de habitantes del país. El resto corresponde a 55 minorías étnicas, entre ellas tibetanos, uigures, mongoles, hui y manchúes.
Muchas de estas comunidades se concentran en regiones autónomas o provincias fronterizas como Xinjiang, Tíbet o Mongolia Interior, territorios que abarcan cerca de la mitad de la superficie del país y que poseen importantes recursos naturales.
Debate y críticas internacionales
La aprobación de la ley ha generado debate entre analistas, organizaciones de derechos humanos y académicos. Algunos especialistas consideran que la normativa forma parte de una estrategia más amplia del gobierno chino para consolidar una identidad nacional común bajo el liderazgo del Partido Comunista.
Críticos advierten que la promoción obligatoria del mandarín y la regulación de aspectos culturales, educativos y religiosos podrían reducir el uso de lenguas y tradiciones propias de las minorías, lo que podría acelerar procesos de asimilación cultural.
También se ha señalado que la ley contempla sanciones para actos considerados como una amenaza a la “unidad étnica”, lo que podría incluir expresiones de separatismo o actividades que las autoridades interpreten como divisivas.
Por su parte, las autoridades chinas sostienen que la legislación busca fortalecer la estabilidad, la integración nacional y el desarrollo equitativo entre todos los grupos étnicos del país.
