Sin salario fijo, sin seguridad social y con jornadas que superan las 12 horas diarias, así es la realidad de muchos conductores del transporte público en Puebla, a pesar de que el Reglamento de la Ley de Transporte del estado establece la obligación de garantizar sus derechos laborales.

De acuerdo con un sondeo realizado entre choferes de rutas colectivas, la mayoría no cuenta con contrato formal, prestaciones de ley o acceso a servicios de salud. Además, deben cubrir con sus propios ingresos gastos como multas de tránsito, renovación de licencias, exámenes médicos y alimentos, sin tener horarios fijos para descansar.

Historias detrás del volante
Noé Rojas Martínez, de 66 años y con 45 años manejando, relató que su situación económica es complicada: “Manejar es lo único que sé hacer”, compartió. Actualmente conduce una Urvan de la ruta 27, pero las empresas ya no lo contratan por su edad. Su ingreso depende exclusivamente del pasaje que recaude, y después de hacer el corte de caja, debe pagar sus gastos personales, trámites gubernamentales y multas.

Por su parte, Servando Alfredo, de 60 años, señaló que su jornada inicia a las 4:00 de la mañana y puede extenderse hasta las 11:00 de la noche. “Está crítico este trabajo, hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe”, expresó. Acompañado en ocasiones por su esposa, aprovecha los trayectos para comer, sin un espacio adecuado para el descanso.

Gerardo Ramírez, con 15 años de experiencia, denunció que en su ruta ningún conductor tiene prestaciones. En caso de enfermedad, debe recurrir a médicos particulares, ya que carece de acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Omisión en el cumplimiento de la ley
El Reglamento de la Ley de Transporte de Puebla, expedido en junio de 2022, establece que los concesionarios son responsables solidarios de los conductores y deben garantizar que cuenten con contratos y seguridad social. Sin embargo, esta normativa ha sido ignorada en la práctica.

Adicionalmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017 limita la conducción a cinco horas continuas, seguidas de una pausa de al menos 30 minutos, algo que rara vez se cumple.

Justificación de los concesionarios
Álvaro Jiménez, propietario de una unidad Urvan, justificó la falta de formalización laboral alegando que es “complicado” asegurar a los choferes debido a la alta rotación de personal. “Si un conductor solo viene una semana, no me convendría asegurarlo”, afirmó.

Esta postura refleja un vacío en la aplicación de la ley, dejando a cientos de conductores en situación de vulnerabilidad, sin derechos laborales ni protección social.

La informalidad laboral en el transporte público de Puebla no solo viola la legislación local, sino que perpetúa condiciones de explotación y desprotección para los choferes, quienes, pese a cumplir con rigurosos requisitos, carecen de garantías básicas para desempeñar su trabajo.