Diversos colectivos de derechos sociales, laborales y comunitarios hicieron un llamado al gobierno federal y al sector privado para garantizar la inclusión activa de trabajadores, campesinos y comunidades indígenas en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Las organizaciones señalaron que, a cinco años de la entrada en vigor del acuerdo, aún persisten grandes desafíos en materia de equidad económica, justicia laboral y respeto a los derechos culturales, especialmente en los sectores productivos donde predominan condiciones precarias o de vulnerabilidad.
De acuerdo con los activistas, la estructura actual de supervisión y cumplimiento del T-MEC ha privilegiado la participación de cámaras empresariales y organismos gubernamentales, dejando de lado la voz de quienes sostienen directamente las cadenas de producción. Esto, afirmaron, debilita el alcance social del tratado y obstaculiza la posibilidad de implementar políticas que promuevan un desarrollo más equilibrado entre las distintas regiones del país.
Asimismo, los colectivos enfatizaron la necesidad de que la revisión del acuerdo incorpore criterios de sostenibilidad, igualdad de género y respeto a los derechos colectivos de los pueblos originarios, cuyos territorios y recursos naturales suelen verse afectados por la expansión comercial y la inversión extranjera. Propusieron la creación de un mecanismo de participación ciudadana dentro de los comités de monitoreo, que permita integrar de manera formal las opiniones y propuestas de los sectores sociales tradicionalmente excluidos.
Finalmente, advirtieron que el fortalecimiento del T-MEC no debe medirse solo en términos de competitividad o crecimiento económico, sino también por su capacidad de reducir la desigualdad y garantizar condiciones laborales dignas. “Un tratado comercial sin justicia social es un acuerdo incompleto”, expresaron, al exhortar al Estado mexicano a liderar una revisión que coloque al bienestar humano en el centro de la integración regional.
