Una funcionaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) viajó recientemente a la Ciudad de México para participar en una reunión de carácter político descrita como “discreta” y dirigida contra el gobierno de Cuba. De acuerdo con un reporte del diario La Jornada, la comisionada Stuardo sostuvo encuentros con organizaciones civiles y actores políticos vinculados a la oposición cubana en el exterior, sin que dichas actividades fueran anunciadas de manera oficial ni abiertas al escrutinio público. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el uso del territorio mexicano para reuniones de carácter político internacional.
El movimiento ha provocado tensiones diplomáticas, ya que diversos analistas consideran que este tipo de encuentros pueden interpretarse como una injerencia en la política exterior de México y una utilización de los organismos interamericanos para impulsar agendas ideológicas específicas. También se señala una posible ruptura con los principios de neutralidad diplomática que, en teoría, deben regir la actuación de instancias multilaterales como la CIDH, especialmente cuando sus actividades se desarrollan fuera de los marcos institucionales formales.
El Gobierno de México ha mantenido históricamente una postura de respeto a la soberanía de los países caribeños y de no intervención en asuntos internos de otras naciones. En ese contexto, la realización de cumbres “bajo el radar” complica la relación bilateral y genera incomodidad en el ámbito diplomático. La reunión ocurre además en un escenario de polarización regional, donde la CIDH ha sido cuestionada por un enfoque selectivo hacia ciertos gobiernos. Fuentes diplomáticas sugieren que el encuentro buscó coordinar una narrativa común para presionar por cambios políticos en la isla, utilizando a la Ciudad de México como plataforma logística, pese a que el gobierno federal no fue invitado formalmente a participar en las mesas de trabajo.
