El debate sobre los impuestos no es nuevo, pero esta semana ha vuelto a cobrar vida con el foco puesto en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas. La discusión ha dejado de ser solo una cuestión fiscal para convertirse en un pulso entre la salud pública, la libertad de consumo y la voracidad recaudatoria del Estado. La pregunta clave es: ¿está el IEPS cumpliendo su misión de proteger la salud o se ha convertido en una simple caja chica gubernamental?


El argumento fundamental para la existencia del IEPS a las bebidas azucaradas es el beneficio social. La alta tasa de obesidad y diabetes en México, una de las más elevadas del mundo, ha sido vinculada directamente con el consumo excesivo de refrescos y jugos procesados. El impuesto, al encarecer el producto, busca desincentivar su compra y motivar a los consumidores a optar por alternativas más saludables, como el agua simple. Es una medida conocida como “impuesto al pecado” que, en teoría, compensa los costos sociales que estas enfermedades crónicas imponen al sistema de salud.


Sin embargo, las cifras y los recientes movimientos gubernamentales y empresariales nos obligan a ser escépticos. Por un lado, si bien el impuesto ha generado una recaudación millonaria, la reducción real y sostenida en el consumo de bebidas azucaradas ha sido modesta en comparación con la magnitud del problema de salud. El consumidor, al final, sigue comprando su refresco, pero con un precio más alto, lo que golpea de manera desproporcionada el bolsillo de las familias de menores ingresos.
La industria refresquera, históricamente representada por la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) y otras cámaras empresariales, ha mantenido una postura clara, aunque evolutiva.
Inicialmente, las refresqueras se opusieron al impuesto, argumentando que era regresivo (afectaba más a los pobres) y que no existía evidencia científica contundente que probara que solo el impuesto resolvería el problema de salud. Su argumento principal era que la obesidad es un problema multifactorial relacionado con el sedentarismo y toda la dieta, no solo con las bebidas.


No obstante, la estrategia reciente ha sido de adaptación y negociación. La reciente negociación de un IEPS más bajo (alrededor de $1.5 pesos por litro) para las bebidas “light” o “cero” calorías es un claro ejemplo. A cambio de este beneficio fiscal, las refresqueras se han comprometido a reducir el contenido calórico de sus productos de manera voluntaria, o a aumentar la oferta de sus líneas light y cero. Este movimiento revela la complejidad del juego: las empresas buscan eficiencias fiscales y proteger su margen, mientras que el gobierno busca mover la aguja de la salud sin afectar drásticamente a una industria que es un motor económico y genera empleos.


El IEPS a las bebidas es una herramienta de doble filo. Es una fuente de ingresos sustancial para el Estado, pero su efectividad como mecanismo de salud pública ha sido limitada. La respuesta de la industria, al presionar por un menor impuesto a sus productos light, demuestra que están dispuestas a modificar su portafolio si existen incentivos fiscales. Si el objetivo es genuinamente mejorar la dieta de los mexicanos, el gobierno debe complementar este impuesto con una estrategia mucho más amplia que incluya educación nutricional, promoción del agua potable y subsidios a alimentos saludables. De lo contrario, el IEPS seguirá siendo visto simplemente como un impuesto regresivo que penaliza el consumo sin ofrecer una solución integral al problema de salud pública de la nación