La gobernadora de Veracruz, Cuitláhuac García, generó polémica al proponer un aumento salarial del 25% para su administración, en medio de una grave crisis por inundaciones que han afectado a miles de familias en distintas regiones del estado. La iniciativa ha sido ampliamente criticada por especialistas, activistas y ciudadanos, quienes consideran que resulta insensible y descontextualizada ante la emergencia que enfrenta la población más vulnerable.
Mientras los equipos de Protección Civil y autoridades locales concentran sus esfuerzos en atender a los damnificados, reparar daños en viviendas, carreteras y servicios básicos, la propuesta del incremento salarial ha sido percibida como una prioridad equivocada, desviando la atención y los recursos de los sectores que requieren apoyo urgente.
Expertos en políticas públicas y ética gubernamental señalan que este tipo de decisiones pueden dañar la confianza ciudadana, generando percepciones de falta de responsabilidad y empatía por parte de las autoridades, especialmente en contextos de crisis natural donde se espera que la gestión se enfoque en la protección y bienestar de la población afectada.
La situación ha abierto un debate público sobre la responsabilidad, la ética y la transparencia en la administración pública, subrayando la necesidad de priorizar medidas que respondan de manera efectiva a emergencias, antes de considerar incrementos presupuestales o ajustes salariales dentro del gobierno estatal.
