Colectivos de víctimas alertan sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, donde comunidades enteras han tenido que abandonar sus hogares ante la violencia de grupos criminales. La falta de una ley federal y la insuficiente atención institucional agravan la situación.

El desplazamiento forzado interno en México ha alcanzado niveles críticos en los primeros meses de 2026. El Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, conformado por 12 comunidades de personas desplazadas y 16 organizaciones civiles, advirtió que el fenómeno “se ha agudizado” en estados como Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo, impulsado principalmente por la violencia del crimen organizado .

Las organizaciones denunciaron que las familias víctimas de la inseguridad se ven obligadas a abandonar sus territorios para salvaguardar sus vidas y evitar riesgos como el reclutamiento forzado, las desapariciones, la extorsión y la violencia criminal generalizada . Sin embargo, la atención institucional ha sido “insuficiente y limitada”, debido a que las autoridades de los gobiernos municipales y estatales “han menospreciado la gravedad” de las emergencias .

Más de 200 familias desplazadas en Chihuahua en menos de 24 horas

Uno de los casos más recientes y alarmantes ocurrió en el estado de Chihuahua. Los días 24 y 25 de febrero de 2026, en menos de 24 horas, más de 200 familias fueron desplazadas de manera forzada desde la zona serrana de la seccional de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo, una región que colinda con Durango y Sinaloa .

Las familias, encabezadas en su mayoría por mujeres, niñas y niños, se trasladaron hacia la ciudad de Hidalgo del Parral. Hasta el cierre de febrero, el número de personas desplazadas continuaba en aumento, según el recuento de las organizaciones .

El colectivo indicó que desde noviembre de 2025, organizaciones civiles en Chihuahua han documentado un “éxodo silencioso”, con la llegada diaria de una o dos familias provenientes de comunidades serranas hacia centros urbanos del estado . Esta región es particularmente vulnerable debido a la presencia histórica del crimen organizado y su interés en controlar territorios ricos en recursos minerales como el oro y la plata, así como zonas boscosas para la tala ilegal .

De acuerdo con un reportaje de Mongabay Latam, en municipios como Guadalupe y Calvo y Moris, la violencia vinculada a la explotación minera y la tala ilegal ha escalado significativamente durante 2025, con comunidades indígenas rarámuri, tepehuanes del norte, pima y guarijó siendo despojadas y desplazadas de sus territorios .

Casos en Michoacán y Guerrero

En el municipio de Apatzingán, Michoacán, la situación también es crítica. A pesar de que existe un reglamento municipal especializado para la atención de emergencias por desplazamiento forzado interno, publicado el 30 de octubre de 2024, éste no ha sido aplicado por el gobierno local desde su entrada en vigor, a pesar de que la demarcación concentra uno de los mayores números de eventos documentados .

En Guerrero, el colectivo reportó un evento ocurrido en el municipio de Tecoanapa, en la región de la Costa Chica, dos semanas antes del operativo federal en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación . En esa zona, una comunidad completa salió de manera precipitada ante enfrentamientos armados, pese a la presencia de la Guardia Nacional y elementos militares .

Hasta la fecha, no existe un registro oficial de las personas desplazadas en Tecoanapa, lo que ha impedido su acceso a atención humanitaria básica y planes de reasentamiento temporal . El colectivo advirtió que el operativo contra “El Mencho” abrió un periodo para que grupos criminales potencialicen el incremento de la violencia armada, el despojo y el control territorial, lo que puede traer consigo repercusiones en cada entidad .

Incertidumbre jurídica y falta de políticas integrales

Las organizaciones advirtieron que las familias desplazadas enfrentan incertidumbre jurídica y ausencia de mecanismos claros de protección. Aunque en años recientes se han creado instrumentos para evaluar riesgos y necesidades, México carece de una ley federal específica en materia de desplazamiento forzado interno y de políticas públicas integrales que garanticen protección, investigación efectiva de los hechos violentos y condiciones adecuadas para la atención humanitaria inmediata .

De acuerdo con un informe de EL UNIVERSAL, el Senado mantiene congelada desde septiembre de 2020 la minuta que crea la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la cual ya fue avalada en la Cámara de Diputados . Esta ley contemplaría la creación de un Registro Nacional de Desplazados, un Programa Nacional para prevenir, atender y reparar a las víctimas, y un Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado Interno .

Janette Carrillo, coordinadora de la agenda de Desplazamiento en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señaló que la falta de una ley a nivel federal provoca no solo la desatención a esta población, sino la ausencia de cifras oficiales sobre el número de desplazados . Actualmente, solo cinco estados cuentan con leyes estatales para atender a los desplazados: Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca .

Cifras del desplazamiento en México

De acuerdo con un estudio de la Universidad Iberoamericana realizado en colaboración con ACNUR, durante 2024 al menos 28 mil 900 personas fueron forzadas a huir de sus hogares en 72 eventos de desplazamiento interno registrados en 13 estados de México, lo que representa un aumento de 129% respecto a las cifras de 2023 . La violencia ocasionada por grupos del crimen organizado fue la principal causa .

Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentran la mayoría de los casos. Un 79% de los eventos estuvieron vinculados a violencia directa, ataques armados o amenazas . En Chiapas, por ejemplo, se registraron 17 mil 860 personas desplazadas en 20 eventos, la mayoría en comunidades fronterizas con Guatemala donde la disputa territorial por rutas del narcotráfico ha generado una mezcla letal de conflicto social e intervención criminal .

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) advirtió en mayo de 2025 que la cifra de desplazamientos forzados se duplicó en 2024, al registrarse 26 mil personas, mientras que en 2023 fueron 11 mil . Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH, urgió a avanzar hacia el fortalecimiento normativo en esta materia, ya que a nivel federal no se cuenta con una ley para hacer frente a esta situación .

Exigencias de los colectivos

Ante esta crisis, las organizaciones integrantes del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, entre ellas Serapaz y la Red TDT, demandaron a los gobiernos de los tres niveles:

  • Proporcionar garantías de protección y atención humanitaria para las comunidades desplazadas en Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Sinaloa y Quintana Roo .
  • Generar acciones interinstitucionales para la reubicación temporal de las comunidades afectadas .
  • En el caso de Chihuahua, instalar una mesa de trabajo interinstitucional con representación de víctimas y organizaciones acompañantes para definir criterios operativos y de evaluación de retornos que garanticen la seguridad de las familias y la construcción de soluciones duraderas .

Los colectivos subrayaron que los instrumentos legales especializados resultan insuficientes si no se traducen en acciones concretas, partidas presupuestales adecuadas, personal especializado y mecanismos sistemáticos de atención . “El reconocimiento del problema y la construcción de estrategias de prevención y soluciones duraderas es urgente”, advirtieron, al señalar que la falta de acción estructural podría profundizar la crisis humanitaria en distintas regiones del país .