La revocación del “dictamen de peligro” de 2009 desmantela el fundamento jurídico para regular gases de efecto invernadero y abre la puerta a un aumento descontrolado de la contaminación.

El presidente Donald Trump firmó el 12 de febrero la revocación del “dictamen de peligro” (endangerment finding) de 2009, una determinación científica y legal de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que reconocía que seis gases de efecto invernadero —incluyendo dióxido de carbono y metano— amenazan la salud pública y el bienestar de los estadounidenses .

Esta decisión elimina el pilar jurídico que durante 16 años sustentó prácticamente todas las regulaciones federales para limitar las emisiones contaminantes de automóviles, plantas de energía, refinerías y la industria pesada en Estados Unidos .

¿Qué protecciones específicas fueron eliminadas?

La revocación del dictamen de peligro tiene consecuencias concretas sobre el entramado regulatorio ambiental del país:

1. Estándares de emisiones para vehículos:Quedan eliminadas todas las regulaciones federales que limitaban las emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles de pasajeros, camionetas y tractocamiones. Esto incluye los requisitos de medición, reporte, certificación y cumplimiento de estándares de eficiencia de combustible . El sector del transporte representa la mayor fuente de emisiones de Estados Unidos .

2. Sistemas de ahorro de combustible: Se eliminan los incentivos y requisitos para tecnologías como el sistema “start-stop” (que apaga el motor en semáforos para ahorrar gasolina), una medida que según la propia administración responde a quejas de consumidores .

3. Regulaciones para plantas de carbón:Aunque la revocación no elimina inmediatamente las normas para fuentes fijas, abre la puerta para desmantelar próximamente las restricciones de emisiones de CO₂ para centrales eléctricas .

4. Normas de metano: Quedan en riesgo las regulaciones que limitan las emisiones de metano —— un gas que calienta el planeta 80 veces más que el CO₂ en el corto plazo— para la industria del petróleo y el gas .

5. Reporte obligatorio de emisiones: La EPA también está trabajando para eliminar el requisito de que las grandes industrias reporten sus emisiones de gases de efecto invernadero .

6. Protección científica: Además de la revocación, la administración ha solicitado a la NASA que desarrolle planes para cancelar las únicas dos misiones satelitales diseñadas para medir dióxido de carbono en la atmósfera, y ha propuesto terminar la financiación del Observatorio Mauna Loa en Hawái, que ha registrado la acumulación atmosférica de carbono durante casi setenta años —el registro continuo más largo del mundo— .

Los argumentos del gobierno

La administración Trump justifica la medida como un alivio económico. Según funcionarios, la revocación generará un ahorro de más de 1 billón de dólares en costos regulatorios . Para los consumidores, estiman que eliminar los estándares de emisiones reducirá el costo de los vehículos nuevos en aproximadamente 2,400 dólares por unidad.

El administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó la acción como “el acto de desregulación más grande en la historia de Estados Unidos” . Trump, por su parte, describió el dictamen de peligro como “una desastrosa política de la era Obama que dañó severamente a la industria automotriz estadounidense” .

En sus declaraciones, el presidente desestimó las preocupaciones sobre la salud pública: “Les digo que no se preocupen, porque no tiene nada que ver con la salud pública. Esto fue todo una estafa, una estafa gigante” .

El costo humano y económico de la decisión

Organizaciones ambientalistas y expertos en salud pública han cuestionado duramente los cálculos de la administración, señalando que ignoran los costos reales del cambio climático.

Peter Zalzal, del Fondo de Defensa Ambiental (EDF), advirtió que el debilitamiento de los estándares vehiculares aumentará el consumo de combustible, lo que podría costar a los estadounidenses alrededor de 1.4 billones de dólares en gastos adicionales de gasolina .

En términos de salud pública, las consecuencias podrían ser devastadoras. Según estimaciones de grupos ambientalistas, la decisión podría resultar en hasta 58,000 muertes prematuras adicionales y millones de ataques de asma .

“La administración Trump está abandonando su responsabilidad fundamental de mantenernos a salvo del clima extremo y la aceleración del cambio climático”, declaró Abigail Dillen, presidenta de la organización legal sin fines de lucro Earthjustice .

El expresidente Barack Obama también se pronunció en la red social X: “Sin esto, estaremos menos seguros, menos saludables y menos capaces de combatir el cambio climático, todo para que la industria de los combustibles fósiles pueda ganar aún más dinero” .

La estrategia legal: ¿Por qué no se usaron argumentos científicos?

Un aspecto revelador de esta decisión es que la administración Trump evitó deliberadamente basarse en argumentos científicos para justificar la revocación, a pesar de haber encargado un informe a un grupo de científicos escépticos del cambio climático .

El año pasado, el secretario de Energía, Chris Wright, convocó a cinco investigadores conocidos por sus posiciones contrarias a la ciencia climática dominante para producir un informe que cuestionara las bases científicas del dictamen de peligro. Sin embargo, ese informe fue ampliamente criticado por la comunidad científica, recibió una respuesta de 450 páginas señalando sus errores, y el grupo fue disuelto tras una demanda que determinó que su formación violaba las leyes federales de transparencia .

Finalmente, la versión definitiva de la revocación no utilizó ese informe. En su lugar, la administración optó por un argumento regulatorio: que la Ley de Aire Limpio nunca tuvo la intención de permitir la regulación de gases de efecto invernadero porque el cambio climático es un fenómeno global, y que regular dentro de las fronteras estadounidenses no puede resolver un problema mundial .

Andrew Dessler, científico climático de la Universidad Texas A&M, explicó por qué la administración evitó el camino científico: “Habrían sido destruidos en la corte” .

El camino hacia los tribunales

La batalla legal ya ha comenzado. Momentos después del anuncio, una coalición de organizaciones de salud pública y ambientalistas —incluyendo la Asociación Estadounidense del Pulmón, el Fondo de Defensa Ambiental y la Asociación de Salud Pública Estadounidense— anunció la primera demanda contra la EPA .

Los estados controlados por el Partido Demócrata también se preparan para impugnar la medida. El caso probablemente llegará a la Corte Suprema, que en 2007 emitió un fallo histórico (Massachusetts v. EPA) estableciendo que los gases de efecto invernadero califican como contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio y ordenando a la EPA determinar si representan un peligro .

Sin embargo, la composición actual de la Corte Suprema es mucho más conservadora que en 2007, con tres jueces designados por el propio Trump durante su primer mandato. La administración apuesta a que el tribunal superior confirme la revocación y cierre definitivamente la puerta a futuras regulaciones climáticas sin una nueva ley del Congreso .

Implicaciones para la industria y el mercado global

La decisión también genera incertidumbre para los fabricantes de automóviles estadounidenses. Mientras Estados Unidos relaja sus estándares de emisiones, otros mercados —incluyendo la Unión Europea, China y Canadá— mantienen o endurecen los suyos.

“Esto realmente pone a los fabricantes de automóviles estadounidenses en una posición difícil, porque nadie más va a querer comprar autos estadounidenses”, advirtió Michael Gerrard, experto en derecho climático de la Universidad de Columbia .

Canadá, que históricamente ha alineado sus estándares vehiculares con los de Estados Unidos, ya ha anunciado que seguirá su propio camino. El primer ministro Mark Carney presentó nuevas normas de emisiones vehiculares la semana pasada, una señal de que el país norteamericano se está distanciando de las políticas energéticas estadounidenses .

Conclusión

La revocación del dictamen de peligro de 2009 representa uno de los retrocesos más significativos en la política climática de Estados Unidos desde que se reconoció científicamente la amenaza de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al eliminar la base legal para regular estos contaminantes, la administración Trump apuesta por un modelo energético basado en combustibles fósiles, priorizando el alivio regulatorio a corto plazo sobre los costos humanos, sanitarios y económicos a largo plazo del cambio climático.

La decisión, sin embargo, está lejos de ser definitiva. Los tribunales serán ahora el escenario donde se definirá el futuro de la protección ambiental en Estados Unidos y, con ello, la capacidad del país para contribuir a los esfuerzos globales contra el cambio climático.