Puebla enfrenta una crisis forense de gran magnitud, marcada por la acumulación de más de dos mil 500 cuerpos sin identificar en la entidad. De ese total, alrededor de mil 390 personas han sido inhumadas en fosas comunes, una medida aplicada ante la insuficiente capacidad para realizar procesos de identificación oportunos y completos.
Este escenario ha sido señalado por autoridades estatales y colectivos de búsqueda, quienes advierten que el rezago forense no solo constituye un problema administrativo, sino un reto estructural para el acceso a la justicia y el respeto a la dignidad humana. La falta de identificación impide a cientos de familias conocer el paradero de sus seres queridos y limita el avance de investigaciones penales.
La situación se concentra principalmente en Puebla, donde la demanda de servicios periciales supera de manera constante la capacidad instalada de laboratorios, personal especializado y recursos tecnológicos. Entre las principales carencias se encuentran la escasez de peritos forenses, la limitada infraestructura para análisis genéticos y los tiempos prolongados en la integración de bases de datos.
Colectivos y especialistas han insistido en la necesidad urgente de fortalecer los servicios periciales, mediante mayor inversión pública, capacitación técnica, coordinación interinstitucional y la implementación de protocolos homologados de identificación humana. Asimismo, subrayan la importancia de garantizar la trazabilidad y el resguardo adecuado de los restos, para permitir futuras identificaciones.
La crisis forense en Puebla refleja un desafío mayor para el sistema de justicia, que requiere respuestas inmediatas y de largo plazo para asegurar verdad, justicia y reparación a las víctimas directas e indirectas de la violencia en el estado.
