Legisladores del Partido Demócrata han formulado una denuncia pública al asegurar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos borró material de los archivos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, específicamente una fotografía en la que aparecerían el expresidente Donald Trump, el propio Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell. La controversia surge tras la publicación de cientos de páginas de documentos con censuras extensas.
Según la denuncia, habría desaparecido del expediente la denominada “foto 468”, que presuntamente mostraba a Trump con el condenado pederasta y Maxwell. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, junto a otros miembros del partido, ha sugerido la posibilidad de un “encubrimiento histórico”, exigiendo una explicación completa y transparente sobre el manejo de los archivos.
Publicación de documentos con censura extensa
La polémica se intensificó este sábado con la difusión de aproximadamente 550 páginas adicionales de documentos relacionados con el caso. Sin embargo, una gran parte del contenido presenta un alto grado de redacción, con extensas secciones tachadas en negro que impiden la identificación de nombres, fechas y contextos específicos de personas no convictas o mencionadas en testimonios.
Esta práctica de censura ha generado críticas bipartidistas. Legisladores de ambos partidos han argumentado que tal nivel de ocultamiento viola el espíritu y la letra de las leyes de transparencia que impulsaron la desclasificación de estos archivos, aprobadas por el Congreso para arrojar luz sobre las redes de asociados de Epstein.
Postura del Departamento de Justicia
Frente a las acusaciones, representantes del Departamento de Justicia y del gobierno actual han defendido las ediciones y redacciones en los documentos, argumentando que son necesarias por razones legales y de procedimiento. Alegan que la protección de la privacidad de terceros no involucrados, el respeto a víctimas y la integridad de investigaciones pendientes o conexas justifican las omisiones.
La disputa pone de relieve las tensiones políticas en torno a uno de los casos de mayor repercusión pública y la complejidad de equilibrar la transparencia demandada por la ciudadanía con los protocolos legales y de privacidad. Se espera que el Congreso solicite comparecencias oficiales para dilucidar los criterios utilizados en la publicación de los documentos.
