El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW), presentado este mes, alerta sobre la persistencia y profundización de graves problemas de derechos humanos en México, con énfasis en la crisis de desapariciones forzadas, la impunidad generalizada y la creciente militarización de la seguridad pública. El documento sostiene que la administración actual ha heredado y mantenido estos desafíos estructurales.

La crisis de desapariciones: cifras y contexto

El informe destaca que la crisis de desapariciones en México continúa sin una respuesta estatal efectiva. Según datos oficiales citados, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza más de 130,000 personas desaparecidas, con una media de miles de nuevos casos reportados anualmente.

  • Distribución geográfica: Las entidades con el mayor número de casos son el Estado de México (14,718), Tamaulipas (13,657) y Jalisco (12,768).
  • Respuesta internacional: El informe recuerda que, tras el hallazgo del Rancho Teuchitlán en Jalisco en marzo de 2025, el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas activó por primera vez un examen especial (artículo 34 de la Convención) para determinar si las desapariciones en México son generalizadas o sistemáticas.
  • Riesgo para buscadores: HRW documenta que en 2025 fueron asesinadas ocho personas que buscaban a familiares desaparecidos, elevando a más de 20 el total de buscadores asesinados desde 2010.

Impunidad y abusos sistémicos

El capítulo sobre México subraya la impunidad como norma en casos de violaciones graves a derechos humanos:

  • Tasa de resolución de homicidios: Las fiscalías resuelven aproximadamente solo uno de cada diez homicidios intencionales que investigan, frecuentemente con investigaciones defectuosas o basadas en pruebas obtenidas mediante tortura.
  • Tortura generalizada: Citando a la Organización Mundial contra la Tortura, el informe señala que esta práctica sigue siendo prevalente. El Instituto Federal de la Defensoría Pública documentó 3,177 incidentes denunciados como tortura, afectando a 4,100 víctimas entre 2019 y 2025.
  • Uso excesivo de la prisión preventiva:Pese a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra, el Congreso ha ampliado su aplicación. Aproximadamente el 40% de la población penitenciaria en México está en prisión preventiva, sin sentencia firme.

Militarización de la seguridad y erosión de controles

HRW identifica como una tendencia preocupante la expansión continuada del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y civiles, con insuficientes controles civiles:

  • Abusos documentados: El informe menciona casos emblemáticos, como el asesinato de dos niñas en Sinaloa por militares, la acusación de violación a una menor por un elemento castrense y la negativa del Ejército a transparentar información relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
  • Reformas preocupantes: Se critica la transferencia de facultades de investigación a la Guardia Nacional (institución de naturaleza militar), la autorización de operaciones encubiertas y la intervención de comunicaciones privadas por parte de militares, lo que consolida una “excepcionalidad legal” para las fuerzas castrenses.

La dicotomía entre bienestar material y Estado de Derecho

El análisis de HRW aborda la narrativa oficial que contrasta programas de bienestar social con demandas de justicia. Expertas citadas en el informe, como Denisse Dresser, sostienen que “el bienestar material no sustituye al Estado de Derecho”. “Comer bien no compensa vivir sin justicia, recibir apoyos no reemplaza la protección frente a los abusos del poder. Los derechos no son intercambiables”, afirma el documento.

Contexto internacional y expectativas

El informe se publica en un momento en que México ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2025-2027. HRW concluye que, si bien el país ha apoyado algunas iniciativas globales, ha mostrado una postura “ambivalente” frente a crisis graves en la región, amparándose en una doctrina de “no intervención” que, según la organización, puede obstaculizar la protección internacional de derechos humanos.