La inesperada renuncia de la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo al pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) provocó el despido inmediato de todo su equipo y ha desatado una grave crisis laboral e institucional dentro del nuevo organismo del Poder Judicial de la Federación (PJF).

La magistrada, designada hace apenas cuatro meses por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó su renuncia de manera discreta. Aunque ni el OAJ ni la Corte han emitido un comunicado oficial sobre las causas, fuentes judiciales señalan que su salida estaría vinculada a una investigación por presuntas irregularidades en licitaciones dentro del PJF.

Un despido masivo y sin procedimiento

La dimisión de la magistrada Pérez Romo, quien presidía la Comisión de Carrera Judicial del OAJ, tuvo un efecto inmediato y devastador sobre su equipo. El 6 de enero de 2026, personal del área jurídica del órgano notificó la rescisión de contrato a más de 60 trabajadores adscritos a su ponencia.

El procedimiento fue abrupto y carente de claridad. Los empleados, quienes días antes habían compartido un convivio navideño donde la magistrada habló de proyectos para el nuevo año, se enteraron de su despido al mismo tiempo que de la renuncia de su jefa. Las oficinas de la ponencia, ubicadas en los pisos 6 y 11 del edificio del OAJ en Avenida Revolución, fueron selladas con precintos de seguridad, dejando en el interior computadoras y mobiliario sin resguardar.

La situación se agravó cuando los trabajadores cesados acudieron a la oficina de Recursos Humanos del PJF para tramitar su baja y liquidación. Allí les informaron que no existía registro oficial de su despido en el sistema, lo que ha dejado su situación laboral y financiera en un limbo absoluto.

La crisis institucional del nuevo OAJ

Este episodio representa la primera crisis grave del Órgano de Administración Judicial, un ente creado por la reforma judicial de 2024 que inició operaciones el 1 de septiembre de 2025 para sustituir al antiguo Consejo de la Judicatura Federal. Su objetivo era separar las funciones administrativas de las disciplinarias dentro del Poder Judicial.

La renuncia de Pérez Romo, la primera en la breve historia del organismo, deja al Pleno del OAJ funcionando con el mínimo legal de cuatro integrantes, lo que limita su capacidad operativa. La SCJN, que fue la autoridad que la designó, ya recibió la notificación oficial de la renuncia y debe iniciar el proceso para nombrar a un sustituto que complete el periodo restante de seis años.

La opacidad que ha rodeado todo el proceso ha generado críticas. Mientras el OAJ afirma no haber sido notificado formalmente, la Corte mantiene silencio. Esta falta de transparencia se suma a otras denuncias recientes sobre la gestión del órgano, incluyendo acusaciones de opacidad en el manejo de un fondo de 6,500 millones de pesos destinado a indemnizaciones para juzgadores cesados.

Contexto de una reforma judicial en entredicho

La magistrada Pérez Romo era una figura cercana al expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, y fue parte activa del bloque que impulsó la controvertida reforma judicial. Como parte del OAJ, su gestión en la Comisión de Carrera Judicial fue señalada por aplicar un “doble rasero”, siendo estricta con jueces de carrera y más flexible con aquellos alineados políticamente.

Su abrupta salida, envuelta en rumores de investigación por corrupción y conflictos internos con el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, es interpretada por analistas no como un gesto de dignidad, sino como el “cierre de un ciclo de funcionalidad política”. El episodio expone las profundas tensiones y los problemas de gobernanza que afectan al nuevo modelo de administración judicial apenas meses después de su puesta en marcha, dejando en evidencia la fragilidad de las promesas de transparencia y eficiencia que acompañaron su creación.