Tras el decomiso histórico de al menos 10 millones de litros de combustible ilegal en marzo pasado, tres funcionarios federales fueron destituidos del puerto y la aduana de Tampico.
El ex director de la Administración y Finanzas de la ASIPONA (Administración del Sistema Portuario Nacional), Francisco Javier Antonio Martínez, fue señalado por mantener presuntos vínculos empresariales con los dueños de la compañía responsable de la importación irregular.
La destitución de Martínez ocurrió el 2 de mayo, cuatro días después de que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara que el funcionario era socio de los accionistas de Intanza, empresa que simuló importar “aditivos” para ocultar un cargamento de diésel.
De acuerdo con fuentes federales, afirmaron que Martínez ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la República y es sujeto de investigación junto con otros funcionarios de la ASIPONA y la aduana.
El caso ha escalado por las inconsistencias en la declaración patrimonial de Martínez, quien omitió reportar su participación en la empresa Belure, vinculada a los accionistas de Intanza. En cambio, reportó ingresos por una taquería y un taller mecánico y una colección de 18 vehículos, entre ellos autos clásicos, camionetas de lujo y motocicletas Harley-Davidson.
Además de Martínez, también fue separado de su cargo Hugo Alonso Rodríguez Aguilar, subgerente de Protección Portuaria de la ASIPONA, dependencia que opera bajo la Secretaría de Marina. Y previamente, en abril, fue removido el administrador de la aduana de Tampico, el contralmirante retirado Luis Jorge Goicochea Sotomayor, quien apenas llevaba tres meses en el cargo. Fue reemplazado por Antonio Morales Hernández.
