La investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reveló la vinculación de trece casinos, tanto físicos como virtuales, con operaciones ilícitas en México. Estos establecimientos operaban en ocho entidades del país y, según el reporte oficial, presentaban irregularidades fiscales, uso de grandes sumas de efectivo y transferencias al extranjero. Las autoridades federales consideraron que dichos patrones constituían riesgos para el sistema financiero nacional, lo que derivó en la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República.
El análisis de inteligencia financiera identificó tres patrones predominantes: el uso de efectivo en montos elevados, apuestas en plataformas digitales y la intermediación de personas sin perfil para grandes movimientos. En el esquema se empleaban estudiantes, amas de casa y jubilados como sujetos fachada para canalizar recursos. Las operaciones se complementaban con tarjetas prepagadas y apuestas que generaban la apariencia de ganancias ficticias, cuyo origen y destino eran opacos.
Frente a esos hallazgos, las autoridades ordenaron la suspensión de operaciones en los casinos físicos involucrados y el bloqueo de páginas electrónicas que facilitaban la red de lavado de dinero. Las investigaciones apuntan además a vínculos transnacionales y esquemas digitales complejos que involucraban apuestas en línea y transferencias internacionales. La acción demuestra un reforzamiento del control sobre entidades que operan en la intersección del juego y las finanzas.
Este caso subraya la creciente atención al riesgo que representan los casinos y plataformas de apuestas para las operaciones ilícitas en México. Las autoridades federales mencionaron que se continuará con la supervisión de instituciones del juego, en coordinación con organismos fiscales y de inteligencia financiera, para prevenir que dichos espacios sean empleados para fraude fiscal o lavado de dinero.
