El reciente caso en Durango ha dado un giro: la Fiscalía estatal anunció la detención de la madre y el padrastro de una joven de 14 años que falleció tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada. Ambos están señalados por delitos como omisión de cuidados, falsificación de documentos y usurpación de funciones.
Las autoridades ordenaron estudios patológicos para determinar si se les imputará un delito mayor, como homicidio, dependiendo de los resultados forenses. La investigación preliminar indica que la operación fue autorizada exclusivamente por la madre, sin el consentimiento del padre, y que pudo haber irregularidades en los documentos presentados.
El caso ha movilizado opiniones públicas y especializado la atención en la necesidad de regular con mayor rigor los procedimientos estéticos en menores de edad. Activistas, especialistas en salud y colectivos han exigido explorar reformas legales que establezcan criterios obligatorios —como evaluaciones médicas y psicológicas, consentimiento informado integral y supervisión regulatoria— antes de permitir intervenciones estéticas en adolescentes.
Las autoridades estatales han afirmado que el proceso judicial se llevará con toda transparencia, mientras la sociedad observa este caso como un punto de inflexión en los mecanismos de control de clínicas, responsabilidades familiares, y la protección de derechos de niñas y adolescentes sometidas a decisiones médicas con riesgo elevado.
