La menor de dos años contaba con Alerta Amber activa a nivel nacional; tras la detención de la exlegisladora, la niña fue localizada y quedó bajo resguardo de autoridades.

Autoridades detuvieron en Puebla a Gabriela “A.”, exdiputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirectora del Instituto Municipal de la Mujer en Tuxpan, Veracruz, quien era buscada por presuntamente retener ilegalmente a su nieta de dos años, caso que derivó en la activación de una Alerta Amber de alcance nacional.

La detención se realizó tras varios meses de búsqueda, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuviera una orden de aprehensión dentro de la carpeta de investigación NUC 603/2025, por el delito de retención de menores, el cual puede ser sancionado con hasta seis años de prisión según el Código Penal estatal.

De acuerdo con la denuncia presentada por la madre de la menor, la niña —identificada en el expediente como “N”— fue entregada el 10 de mayo de 2025 a su abuela paterna en la Plaza Altama de Tampico para una visita familiar. Sin embargo, tras ese encuentro la menor no regresó a su hogar, lo que desató una denuncia formal y posteriormente la activación del mecanismo de búsqueda.

Las investigaciones señalan que la exlegisladora se negó a devolver a la niña y posteriormente desapareció del domicilio donde se encontraba en Veracruz, dejando de responder llamadas y mensajes de la madre. Además, la fiscalía sostiene que habría proporcionado información falsa sobre domicilios ante autoridades judiciales, lo que dificultó su localización durante meses .

Fuentes cercanas al caso indican que durante ese periodo la exfuncionaria promovió diversos recursos legales y juicios de amparo, presuntamente para evitar la ejecución de la orden de aprehensión mientras permanecía prófuga .

Tras su captura, la exdiputada permanece bajo custodia en los separos del C5 en Puebla, en espera de ser trasladada a Tamaulipas para enfrentar el proceso penal correspondiente. Por su parte, la menor fue localizada y quedó bajo resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), institución que determinará su situación legal mientras continúan las diligencias judiciales para garantizar su protección y bienestar.