El conglomerado empresarial tiene hasta el viernes 23 de enero de 2026 para cumplir con el pago requerido por el SAT, tras el agotamiento de todas las instancias judiciales, incluyendo una resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Grupo Salinas, el conglomerado empresarial presidido por el magnate Ricardo Salinas Pliego, enfrenta la semana del 19 al 23 de enero como el plazo definitivo para liquidar una deuda fiscal de 51 mil millones de pesos (aproximadamente 2,834 millones de dólares) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El plazo se activó tras la notificación formal del requerimiento de cobro el pasado jueves 15 de enero, dando inicio a los cinco días hábiles establecidos por el Código Fiscal de la Federación para el pago.
Cronología de un proceso judicial agotado
La deuda, una de las mayores en la historia fiscal reciente de México, es el resultado de un proceso legal que se extendió por más de una década y que agotó todas las instancias judiciales nacionales. El SAT determinó inicialmente los adeudos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 a 2013.
La batalla legal siguió un camino jurisdiccional completo:
- SAT (2013-2018): Determinó los adeudos mediante resoluciones administrativas.
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa – TFJA (2019-2023): Confirmó las resoluciones del SAT.
- Tribunales Colegiados de Circuito – TCC (2024-2025): Confirmaron las sentencias del TFJA.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación – SCJN (2025): Desechó los últimos recursos presentados por Grupo Salinas en noviembre de 2025, confirmando así la validez de los créditos fiscales y dando firmeza a la obligación de pago.
El monto de 51 mil millones de pesos incluye recargos y actualizaciones; la deuda original por los ejercicios 2008-2013 era de aproximadamente 35,873 millones de pesos.
Incentivo por pago voluntario y consecuencias del incumplimiento
Durante la conferencia matutina del 19 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en caso de que Grupo Salinas manifieste una “intención de pago”, la empresa podrá solicitar un ajuste al monto total conforme a lo establecido en las sentencias judiciales. Este ajuste, sujeto a la evaluación del SAT, podría alcanzar hasta un 39% de descuento, dependiendo del esquema y orden de pago que se acuerde.
Sin embargo, este beneficio dejará de aplicar si el pago no se realiza dentro del plazo establecido, que vence al cierre del viernes 23 de enero. De incumplirse, se abriría la fase de ejecución forzosa, donde el SAT podría proceder al embargo de bienes del grupo empresarial para cobrar la deuda.
La disputa trasciende lo fiscal
El caso ha adquirido una marcada dimensión política. Ricardo Salinas Pliego, quien ocupa el quinto lugar entre los millonarios mexicanos con una fortuna estimada en 5,700 millones de dólares, ha denunciado una “persecución política” y un “acoso sistemático” por parte del gobierno. El 13 de enero, escaló el conflicto al ámbito internacional al presentar una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, la presidenta Sheinbaum y el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, han insistido en que se trata de un asunto estrictamente legal y administrativo. Sheinbaum negó categóricamente que exista persecución política, subrayando que el proceso se basa en resoluciones judiciales firmes validadas por la máxima corte del país.
Contexto más amplio de deudas
La deuda con el SAT no es la única obligación financiera significativa que enfrenta Salinas Pliego. Según análisis especializados, el empresario también arrastra una deuda total en litigio con el fisco mexicano que asciende a 74,000 millones de pesos (aproximadamente 4,115 millones de dólares), distribuida en 32 juicios pendientes. Asimismo, en Estados Unidos enfrenta compromisos por más de 580 millones de dólares derivados de bonos impagos de TV Azteca y otros litigios. El cumplimiento total de estas obligaciones comprometería una parte sustancial de su fortuna personal.
Este caso ocurre en un contexto donde el gobierno federal ha priorizado la recaudación y el combate a la evasión fiscal, implementando reformas legales en 2024 y 2025 que limitan las estrategias dilatorias en juicios fiscales y concentran la impugnación de créditos firmes en un solo momento procesal.
