Tras la celebración de un foro especializado, la diputada independiente Maribel León Cruz presentó una iniciativa para reformar la legislación local y establecer sanciones penales de hasta tres años de prisión contra quienes ejerzan violencia o discriminación hacia mujeres embarazadas o en periodo de lactancia en sus centros de trabajo. La propuesta busca reconocer explícitamente la Discriminación Laboral por Embarazo (DLE) como una forma de violencia prohibida y vulneradora de derechos humanos.
El proyecto legislativo, presentado el jueves 22 de enero en el Congreso de Tlaxcala, contempla reformas al Código Penal del Estado, a la Ley que Garantiza el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación. Esta acción surge de las conclusiones del foro “Diálogo sobre Discriminación Laboral por Embarazo: Experiencias y retos en el estado de Tlaxcala”, organizado por la diputada León Cruz, en conjunto con la organización civil Early Institute y Mujeres en Consenso.
Una problemática reconocida como violencia estructural
Durante el foro, legisladoras, funcionarias públicas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y especialistas coincidieron en que la DLE es un problema estructural que trasciende el ámbito laboral. Se concluyó que esta práctica no solo violenta los derechos laborales de las mujeres, sino que afecta su salud física y mental, su estabilidad económica y, de manera indirecta, el desarrollo de sus hijos e hijas en la primera infancia.
“Es una forma de violencia contra las mujeres en perjuicio de su Derecho a la Maternidad y nocivo para los hijos e hijas por nacer”, se estableció en el evento. Participaron, entre otras, la diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez; la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Lorena Ruiz García; la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordóñez Brasdefer; y representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
La propuesta: Sanciones penales y protección reforzada
La iniciativa de la diputada León Cruz busca dotar de herramientas legales más robustas para combatir esta discriminación. Aunque el texto específico de la reforma estatal aún no se difunde públicamente, se alinea con el marco federal vigente. El Artículo 149 Ter del Código Penal Federal, reformado recientemente en julio de 2025, ya establece sanciones de uno a tres años de prisión para quien niegue o restrinja derechos laborales, “principalmente por razón de género o embarazo”.
La ley federal también prevé que si el responsable es un servidor público, la pena puede incrementarse en una mitad y acarrear destitución e inhabilitación. Además, establece un agravante cuando la discriminación es cometida por una persona con la que la víctima tiene una relación de subordinación laboral (como un jefe o supervisor), incrementando igualmente la pena.
La iniciativa tlaxcalteca pretende replicar y especificar este tipo de sanciones en la legislación local, adaptándolas al contexto estatal y reforzando las obligaciones de las autoridades en materia de prevención, investigación y sanción.
Un llamado a la acción coordinada
Al anunciar la iniciativa, la diputada Maribel León Cruz convocó a un esfuerzo legislativo y social coordinado para defender la maternidad como parte esencial de los derechos humanos. El objetivo final es visibilizar la DLE, priorizar la protección integral del embarazo y la maternidad en los espacios laborales, y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre las graves consecuencias de esta práctica discriminatoria.
La propuesta será analizada en comisiones legislativas, donde se espera un amplio debate para su eventual aprobación. De convertirse en ley, Tlaxcala contaría con uno de los marcos legales más explícitos y punitivos del país para erradicar la violencia y la discriminación laboral contra las mujeres por motivo de embarazo o lactancia.
