La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 tras una sesión prolongada que reflejó fuertes divisiones políticas. El monto aprobado supera los 10 billones de pesos, lo que representa un incremento respecto al año anterior. Sin embargo, la atención se centró en los recortes aplicados a organismos autónomos como el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía General de la República, lo que generó críticas por parte de la oposición, que considera estas reducciones un riesgo para la autonomía institucional y el equilibrio democrático.
Durante el debate, legisladores de distintos partidos defendieron sus posturas sobre la asignación de recursos. Mientras Morena y sus aliados aseguraron que los ajustes responden a una reorientación del gasto hacia programas sociales y de infraestructura, la oposición advirtió que el debilitamiento presupuestal de las instituciones autónomas puede traducirse en un retroceso para la rendición de cuentas y la impartición de justicia. El proceso de discusión se extendió por más de veinte horas antes de llegar a la votación final.
El dictamen aprobado contempla redireccionar más de 17 mil millones de pesos a sectores prioritarios como educación, salud, medio ambiente y ciencia. Según la mayoría legislativa, el objetivo es fortalecer las bases del desarrollo social y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos. No obstante, analistas financieros y representantes del sector empresarial han expresado dudas sobre la sostenibilidad del gasto, particularmente en un contexto de desaceleración económica y presiones inflacionarias que persisten en el país.
Con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026, el documento será turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En los próximos meses, los organismos afectados deberán ajustar sus planes operativos al nuevo techo financiero. El debate en torno a la autonomía institucional y el uso del gasto público se mantendrá vigente, marcando un cierre de año político intenso que deja entrever los retos que enfrentará el gobierno federal en su estrategia económica y social para el próximo ejercicio fiscal.
