El estreno del documental “Uyariy”, sobre la represión de protestas sociales que en enero de 2023 causó al menos 18 muertes en la ciudad de Juliaca, ha generado una ola de rechazo público ante su supuesta marginación por parte de la principal cadena de cines del país. El filme, que busca preservar la memoria de un episodio violento de la reciente historia peruana, fue asignado a salas y horarios de mínima audiencia, lo que el equipo realizador y diversas figuras políticas han calificado como un acto de censura solapada.

El documental “Uyariy”, título que en quechua significa “escuchar” como un acto político, se estrenó el miércoles 8 de enero en simultáneo en Lima y en varias ciudades del sur del país, incluyendo Juliaca, Cusco, Puno y Arequipa. Sin embargo, su distribución en la cadena Cineplanet, el mayor circuito de exhibición nacional, se limitó a proyecciones en horarios poco accesibles y a un número reducido de salas. Esta decisión empresarial provocó la inmediata reacción del director, Javier Corcuera, y de las productoras, quienes denunciaron un trato discriminatorio.

Una demanda de memoria y justicia

“Muchas veces la censura aparece de forma solapada y no podemos permitir que esto suceda”, declaró Corcuera, quien exigió a Cineplanet que reanude las proyecciones del filme en el sur del país y lo programme en Lima en horarios que permitan la asistencia del público. El cineasta advirtió que, de no ser atendida su solicitud, el equipo evaluará el retiro completo de la película del circuito comercial para buscar otras formas de exhibición.

La película documenta los hechos conocidos como la “masacre de Juliaca”, ocurrida el 9 de enero de 2023. Este evento formó parte de una oleada de protestas y enfrentamientos que dejaron aproximadamente 50 fallecidos en diversas regiones del Perú, tras la ascensión de Dina Boluarte a la Presidencia de la República, en reemplazo de Pedro Castillo. “Uyariy” recoge los testimonios directos de familiares de las víctimas y busca, a través de cantos en aymara y quechua, mantener viva la memoria de lo ocurrido.

Rechazo político y social

La polémica decisión de Cineplanet ha concitado un amplio rechazo. La Asociación de Familiares de Víctimas y Heridos por la represión emitió un comunicado exigiendo a la empresa que atienda el reclamo de los realizadores. “Basta de callar nuestras voces”, señalaron, subrayando que el documental da espacio a quienes han sido silenciados.

Desde el Congreso, legisladores de distintas bancadas condenaron la medida. La congresista Sigrid Bazán la calificó como “un terrible acto de censura” y un intento por invisibilizar a las víctimas que aún esperan justicia. Por su parte, el parlamentario Jaime Quito sostuvo que “los grupos de poder quieren silenciar la memoria del pueblo”, en alusión a que Cineplanet pertenece al conglomerado empresarial del magnate Carlos Rodríguez Pastor. La congresista Ruth Luque añadió que el propósito de esta censura es evitar que se hable de los responsables y se reviva el recuerdo de las víctimas.

Hasta el momento, la cadena Cineplanet no se ha pronunciado públicamente para explicar los criterios de programación utilizados para “Uyariy”. El conflicto pone en evidencia las tensiones entre el poder económico, la libertad de expresión y el derecho a la memoria en el Perú, especialmente en torno a episodios recientes y dolorosos de la historia política nacional.