El espacio aéreo de El Paso, Texas, fue cerrado de manera emergente tras la incursión de drones que autoridades estadounidenses atribuyeron de forma preliminar a un cártel mexicano. La situación obligó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a suspender todos los vuelos comerciales y de carga durante varias horas, entre la noche del 10 y la madrugada del 11 de febrero. Ante el riesgo percibido, la zona fue clasificada como “espacio aéreo de defensa nacional”, una figura que permite medidas extraordinarias, incluida la advertencia del uso de fuerza letal contra cualquier aeronave no autorizada.
Sean Duffy, secretario de Transporte de Estados Unidos, confirmó que la amenaza fue “neutralizada” en un corto periodo gracias a la coordinación entre el Departamento de Defensa y la FAA, lo que permitió la reapertura del aeropuerto de El Paso pocas horas después. Sin embargo, el cierre generó inquietud por la facilidad con la que dispositivos no tripulados habrían penetrado un espacio aéreo considerado estratégico, reavivando el debate sobre la vulnerabilidad de la frontera y la capacidad de respuesta ante nuevas formas de riesgo tecnológico.
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existe información oficial que confirme el uso de “narcodrones” en la frontera y llamó a evitar especulaciones. Durante su conferencia matutina del 12 de febrero, subrayó que el espacio aéreo mexicano no fue cerrado y que el gabinete de seguridad se encuentra investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido. Mientras en Estados Unidos algunas versiones apuntan a una operación militar con tecnología láser para derribar los drones, otros medios internacionales sugieren que el incidente pudo originarse por fallas de comunicación entre el Pentágono y la FAA durante pruebas de sistemas antidrones, o incluso por el avistamiento de un objeto no tripulado distinto, como un globo, lo que ha generado tensiones y cuestionamientos en torno a la seguridad fronteriza.
