Una nueva ola de protestas que comenzó en Irán a finales de diciembre continúa expandiéndose, con un saldo de al menos 36 personas fallecidas, miles de detenidos y enfrentamientos significativos en el Gran Bazar de Teherán. El descontento, inicialmente económico, ha adoptado un tono político abiertamente antigubernamental.

La causa inmediata de las movilizaciones fue el colapso de la moneda nacional, el rial, que alcanzó mínimos históricos. Este desplome se produjo después de que el Banco Central iraní eliminara un tipo de cambio preferencial para la mayoría de las importaciones, lo que provocó un aumento brusco en los precios de productos básicos como el aceite de cocina, el pollo y el queso. La economía ya estaba debilitada por años de sanciones internacionales y por los efectos de una guerra de 12 días contra Israel en junio del año pasado.

Aunque en un principio fueron impulsadas por comerciantes, las protestas se han extendido a más de 280 localidades en 27 de las 31 provincias del país. En Teherán, manifestantes realizaron una sentada en el histórico Gran Bazar, un símbolo económico y político, donde las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos. En ciudades del oeste, como Ilam y Malekshahi, se registraron algunos de los enfrentamientos más violentos, incluyendo reportes de disparos contra civiles y una incursión de fuerzas de seguridad en un hospital.

Respuesta gubernamental y reacciones internacionales

Frente a la crisis, el gobierno ha adoptado un doble enfoque. Por un lado, ha intentado medidas conciliatorias. El presidente Masoud Pezeshkian, descrito como un reformista relativo, ordenó investigar incidentes violentos y llegó a pedir a las fuerzas de seguridad que no tomaran medidas contra “manifestantes”, distinguiéndolos de “alborotadores”. También se anunció un subsidio mensual para las familias para compensar el alza de precios.

Por otro lado, las autoridades han respondido con fuerza en las calles y han culpado a potencias extranjeras de la inestabilidad. El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, declaró que los “alborotadores deben ser puestos en su lugar”. Este discurso se vio reforzado por una amenaza pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que si Irán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, su país “acudirá en su rescate”.

La advertencia de Trump, pronunciada un día antes de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro, generó gran preocupación en Teherán. Funcionarios iraníes han sugerido que las bases estadounidenses en la región podrían convertirse en “objetivos legítimos” y expresaron temor de que Irán pudiera ser “la próxima víctima” de la política exterior de Washington. Paralelamente, el jefe del ejército iraní amenazó con una “respuesta decisiva” ante cualquier error del enemigo.

Una crisis profunda con raíces económicas y políticas

Analistas coinciden en que las protestas van más allá de un descontento coyuntural y reflejan una profunda frustración acumulada. La economía iraní sufre una inflación anual superior al 40%, y muchas industrias están paralizadas. Expertos económicos locales han descrito una situación de “parálisis en la toma de decisiones” del gobierno y han señalado que el país ha llegado a “su nivel más bajo de legitimidad”.

A diferencia del movimiento nacional masivo de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, las protestas actuales son más difusas y carecen de un liderazgo claro. Sin embargo, los manifestantes han coreado consignas directamente contra la República Islámica y su líder supremo, y en algunos lugares se ha pedido la restauración de la monarquía Pahlaví.

La incertidumbre sobre una posible intervención estadounidense y la capacidad del gobierno para contener la crisis económica definen un panorama complejo. Como resumió un analista, el sistema ha respondido con “una combinación de retórica conciliadora y fuerza bruta”, pero ninguna de las dos estrategias ha logrado detener las protestas hasta ahora.