El Senado de la República abrió el debate sobre los alcances, riesgos y posibles mecanismos de regulación de la figura conocida como “jueces sin rostro”, en el marco de las reformas al sistema penal que actualmente se analizan. Durante una mesa de trabajo participaron senadores, especialistas en derecho penal y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes coincidieron en que la reserva de identidad de personas juzgadoras podría considerarse únicamente en casos excepcionales, particularmente aquellos vinculados con delincuencia organizada y amenazas directas contra el Poder Judicial.
De acuerdo con el análisis presentado, esta figura podría aportar una capa adicional de protección a jueces y juezas que enfrentan riesgos reales por la naturaleza de los casos que resuelven. No obstante, se advirtió que su implementación sin reglas claras podría abrir la puerta a abusos, discrecionalidad y afectaciones al debido proceso. Los participantes subrayaron la necesidad de establecer criterios precisos, controles institucionales y mecanismos de supervisión independientes que permitan evaluar cuándo es realmente indispensable aplicar esta medida.
Las posturas durante el encuentro estuvieron divididas. Mientras algunos expertos defendieron la reserva de identidad como una herramienta de seguridad judicial, otros alertaron que impedir a las partes conocer quién emite una sentencia puede vulnerar derechos humanos fundamentales, como la transparencia, la defensa adecuada y la imparcialidad del juzgador. En este sentido, se recalcó que cualquier esquema de “jueces sin rostro” debe ser temporal, excepcional y plenamente alineado con estándares internacionales en materia de justicia y derechos humanos.
El debate, retomado por el medio Palestra, dejó como conclusión preliminar que el Senado deberá afinar la discusión legislativa para encontrar un equilibrio entre la protección de las personas juzgadoras y la garantía de juicios justos, evitando que una medida extraordinaria se convierta en una práctica permanente dentro del sistema penal mexicano.
