Diversos empresarios señalados por su presunta participación en una red de huachicol fiscal continúan operando empresas en al menos seis estados del país. Las investigaciones revelan que las compañías vinculadas a estos grupos mantienen actividades en sectores como la construcción, el turismo y el comercio, lo que demuestra una estructura económica diversificada más allá del contrabando de hidrocarburos.
Autoridades fiscales y de procuración de justicia analizan la ruta financiera de los negocios involucrados, así como las estrategias utilizadas para sostener sus operaciones pese a los procesos legales en curso. Parte de las indagatorias busca determinar si algunas de estas empresas fueron constituidas para el lavado de recursos o para facilitar transacciones relacionadas con la venta ilegal de combustibles.
El caso evidencia la complejidad de desmantelar redes ilícitas que combinan operaciones empresariales legítimas con actividades de evasión y contrabando. Las instituciones competentes continúan recabando información contable y patrimonial para esclarecer responsabilidades y establecer sanciones conforme a la ley.
De acuerdo con las autoridades, el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y la cooperación interinstitucional son piezas clave para cerrar los espacios que permiten el uso de estructuras comerciales en actividades ilícitas. Este proceso forma parte de una estrategia más amplia para combatir el fraude fiscal, proteger la competitividad de los sectores productivos y reforzar la transparencia en el ámbito económico nacional.
