El Ministerio Público de la Federación indaga los nexos que ocho empresarios, encabezados por Roberto Blanco Cantú, “El señor de los buques”, mantienen con el Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los implicados no solo habrían participado en el huachicol fiscal, sino también en el tráfico de armas de alto poder.

La investigación señala que los empresarios operaban mediante empresas fachada y documentos aduanales manipulados, aprovechando rutas marítimas internacionales para el ingreso ilegal de hidrocarburos y armamento.

Entre los delitos que se les imputan figuran la posesión ilícita de hidrocarburos y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ante su capacidad económica y riesgo de fuga, la FGR solicitó que sean internados en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez (El Altiplano).

Los investigados son: Roberto Blanco Cantú, Brenda Mariela Salas Ramírez, José Isabel Murguía Santiago, José Ramírez Guardado, José René Tijerina Mendoza, Gustavo de Jesús Guillén Chávez, Anuar González Hemad y Héctor Manuel Portales Ávila. Tres de ellos ya se encuentran detenidos. Entre los antecedentes destacan: Blanco Cantú, dueño de Mefra Fletes, con operaciones en 15 estados; González Hemad, exjuez federal vinculado al caso de Los Porkys; y Murguía Santiago, hermano de un exalcalde detenido por corrupción en Jalisco.

La FGR documenta que esta red introducía millones de litros de gasolina y diésel desde Estados Unidos, declarados falsamente como aceites y lubricantes para evadir impuestos, en complicidad con autoridades aduanales en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Además, se les atribuye la entrada de armas de uso bélico —granadas, lanzagranadas y cartuchos— destinadas a diversos grupos del crimen organizado.

Si bien la investigación tardó más de tres años en judicializarse tras la primera denuncia presentada en enero de 2022, la FGR abrió formalmente la querella en marzo de 2025. Las pesquisas también vinculan a estas operaciones al Cártel de Sinaloa, que habría aprovechado la red para introducir cocaína al país. El caso se relaciona con otra indagatoria que involucra a 14 mandos de la Secretaría de Marina, señalados como operadores clave del huachicol en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México.