Empresarios y sindicatos en Puebla expresaron su rechazo a la propuesta de reforma laboral que plantea modificar la jornada máxima de trabajo a 40 horas semanales y establecer la obligación de otorgar dos días de descanso a los trabajadores. Representantes de distintos sectores señalaron que estos cambios podrían tener impactos negativos en la competitividad económica, la operación productiva y la estructura de costos de las empresas, especialmente en industrias con altos requerimientos operativos o tiempos de producción intensivos.
Durante reuniones y pronunciamientos públicos, tanto organizaciones empresariales como agrupaciones sindicales coincidieron en expresar preocupaciones sobre la viabilidad de implementar estos cambios de manera inmediata y sobre los efectos que podrían tener en la flexibilidad laboral, la generación de empleo y la competitividad regional. Argumentaron que, aunque reconocen la importancia de avanzar en la mejora de las condiciones laborales, consideran que la propuesta requeriría un análisis más profundo y estudios de impacto para evitar consecuencias no deseadas para empleadores y trabajadores por igual.
Entre los principales puntos cuestionados se encuentran los posibles incrementos en los costos operativos y salariales, la necesidad de adaptar contratos y esquemas de trabajo existentes, y la dificultad para armonizar una jornada reducida con modelos de producción que requieren turnos continuos o prolongados. Empresarios señalaron que muchas empresas, en particular pequeñas y medianas, podrían enfrentar retos para ajustar sus procesos productivos sin afectar su viabilidad económica.
Por su parte, algunos sindicatos también expresaron reservas, no necesariamente por rechazar la reducción de jornada en sí, sino por considerar que no existen mecanismos claros para su implementación efectiva, así como criterios suficientes para garantizar que los derechos de los trabajadores se respeten sin generar efectos adversos en la estabilidad del empleo. La postura general fue que cualquier reforma debe ser debatida con amplio consenso, bajo estudios técnicos y con la participación de todos los sectores involucrados.
Frente a este escenario, los representantes de empresarios y trabajadores en Puebla solicitaron que las autoridades encargadas del análisis de la reforma consideren mecanismos de transición y flexibilidad, así como esquemas de apoyo para las empresas que puedan verse afectadas por los cambios. La discusión continuará en foros y mesas de trabajo donde se espera profundizar en los detalles de la propuesta y evaluar las mejores formas de equilibrar la protección de los derechos laborales con las necesidades productivas y económicas de la región.
