Ambientalistas, académicos y defensores del territorio han expresado su preocupación ante el plan de acción que negocia México con Estados Unidos para garantizar el suministro de minerales críticos —como litio, cobre, plata, zinc, manganeso y tierras raras—, esenciales para la transición energética, la industria digital y la seguridad nacional. Advierten que el acuerdo avanza sin considerar la consulta previa a comunidades indígenas, los impactos socioambientales ni la reglamentación pendiente de la ley minera en México .

Contexto del acuerdo bilateral

El gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sostiene conversaciones con Estados Unidos para desarrollar un plan de acción que asegure el suministro de minerales críticos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, justificó la participación de México en estas negociaciones con la frase: “Si no estás en la mesa participando, estás en el menú y nosotros estamos en la mesa”, promoviendo el plan como una oportunidad para atraer inversiones, generar empleos y participar en industrias más modernas .

El acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de Estados Unidos por contrarrestar el dominio de China en el mercado de minerales estratégicos. Antonio Zambrano Allende, analista político peruano especialista en Cambio Climático, señala que “los acuerdos que está firmando Estados Unidos llegan un poco tarde, pero con agresividad”, y que el país norteamericano busca fundamentalmente asegurarse el suministro sin balancear con industrialización para los países proveedores .

Los minerales en juego y su ubicación

Los minerales considerados críticos para la transición energética incluyen litio, cobre, plata, zinc, plomo, molibdeno y manganeso. También se explora la presencia de grafito y tierras raras, un conjunto de 17 elementos químicos esenciales para el desarrollo tecnológico .

La investigadora Leticia Merino Pérez, de la UNAM y especialista en recursos naturales, señala que los depósitos de estos elementos se encuentran en Sonora, Zacatecas, Chihuahua, así como en la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, entre Puebla y Oaxaca, todas regiones semiáridas con estrés hídrico. “El impacto sobre el agua, en términos de sobreexplotación y contaminación, es brutal. Esto va a contribuir a la desertificación de las zonas que ya tienen grandes impactos sobre la biodiversidad local”, advierte .

Riesgos ambientales señalados por especialistas

Aleida Azamar Alonso, investigadora en economía ecológica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), identifica múltiples riesgos ambientales en la operación de este acuerdo. Señala que incentivar la minería implicaría uso intensivo del agua en zonas con estrés hídrico, generación de residuos tóxicos, afectaciones irreversibles a suelos y ecosistemas, así como riesgos para actividades como la agricultura .

“Un problema es que el acuerdo no establece límites ecológicos claros, no define zonas excluidas de minería, no fija umbrales máximos de extracción, no incorpora criterios estrictos de protección ambiental”, explica Azamar. Además, advierte que etiquetar proyectos minerales como estratégicos o de seguridad nacional pone en riesgo a las comunidades que decidan oponerse, profundizando un modelo de explotación incompatible con la protección ambiental y la justicia territorial .

Beatriz Olivera, directora de Engenera Energía, Género y Ambiente, coincide en que el plan minero tiene un enfoque meramente económico e ignora derechos elementales como el de un medio ambiente sano, así como tratados internacionales ratificados por México, como el Convenio 169 de la OIT sobre consulta previa y el Acuerdo de Escazú sobre acceso a información y justicia ambiental. “Gran parte de los minerales que se sacan en nuestro país vienen de territorios indígenas”, destaca .

La ley minera de 2023: avances sin reglamentar

En 2023, una reforma a la Ley de Minería incorporó avances significativos: la actividad minera dejó de ser “preferente” sobre las actividades comunitarias, se estableció la consulta previa como requisito para concesiones en territorios indígenas, se prohibió la minería en áreas naturales protegidas y se redujo el tiempo de concesión de 100 a 55 años máximo .

Sin embargo, la ley aún carece de un reglamento que permita implementar estos avances. Jorge Arturo del Ángel Rodríguez, biólogo del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos, advierte que “estamos desprotegidos, el problema de que no haya un reglamento es que esa ley se interpreta de manera muy general y está más sujeta a interpretaciones” .

Postura del gobierno mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que la legislación en minería no se modificará por este acuerdo y que “las reservas de minerales son de México. Y en todo caso su explotación le corresponde a México. Eso está muy claro para todos, no estamos cediendo nada a nadie” .

Como parte de esta política, el gobierno anunció la recuperación de mil 126 concesiones mineras que representan 889 mil 512 hectáreas, de las cuales aproximadamente 250 mil hectáreas corresponden a áreas naturales protegidas. Las concesiones fueron canceladas por falta de pago de derechos, omisión de informes o fines especulativos, y se ubican principalmente en Sonora, Durango, Coahuila, Zacatecas y Chihuahua .

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, precisó que el 90% de estas concesiones estaban en manos de particulares con fines especulativos, mientras que el resto correspondía a empresas como Peñoles y Minera Autlán, que alcanzaron acuerdos para devolver voluntariamente algunas concesiones .

Voces desde las comunidades afectadas

María Filomena Bonilla, representante de los Comités de Cuenca del Río Sonora y habitante de San José de Gracia, recuerda que a más de 11 años del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi —considerado el peor desastre ambiental minero del país—, el agua de su comunidad sigue contaminada con metales pesados y la atención a la salud continúa siendo una deuda pendiente .

“La población sigue siendo vulnerable no sólo a los contaminantes que impactan su salud, sino a más proyectos facilitados por acuerdos bilaterales que no toman en cuenta a quienes padecen sus consecuencias”, reclama Bonilla, cuyo esposo falleció en diciembre de 2021 por complicaciones relacionadas con metales pesados en su organismo .

Roberto De la Rosa Dávila, desplazado de su comunidad Salaverna, en Mazapil, Zacatecas, por la expansión minera que literalmente hundió su pueblo, considera que este acuerdo solo “facilitaría el extractivismo”. Su experiencia indica que “las poquitas minas que hay, han hecho mucho daño en toda la Nación” .

Quiénes ganan y quiénes pierden

La investigadora Azamar señala que los principales beneficiarios serían los sectores industriales y tecnológicos de Estados Unidos, que asegurarían el suministro de minerales críticos, reduciendo riesgos y estabilizando precios para mantener su liderazgo en industrias estratégicas como la automotriz, electrónica, digitalización, defensa y transición energética. Las empresas mineras transnacionales ya presentes en México también se beneficiarían de precios mínimos y esquemas preferenciales .

Por el contrario, “los afectados son las comunidades locales, indígenas, rurales, periféricas, donde se concentran estos yacimientos minerales. Estas comunidades enfrentan riesgos como contaminación del agua, pérdida de territorios, conflictos sociales, criminalización de la protesta. No veo a México ganando como país”, afirma Azamar .

Perspectivas de la sociedad civil organizada

Beatriz Olivera advierte que el plan podría repetir la historia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: “Cuando entró aquel tratado se flexibilizaron estándares ambientales de la tierra para acceder a ella, vino la modificación a la ley minera para favorecer las inversiones estadounidenses y canadienses y tuvimos 30 años de violaciones a derechos humanos” .

Para Augusto Rodríguez, del Instituto de Geofísica de la UNAM, el plan podría tener beneficios para la ciencia si se regula adecuadamente. “Hay que sumar experiencias y tener un equipo más robusto en el diseño de la propuesta para que no se quede simplemente como un acto geopolítico o una promesa comercial con huecos que puedan derivar en riesgos para la población”, sostiene .

Próximos pasos

El acuerdo se encuentra en etapa de consultas entre ambos países, con un plazo de 60 días para presentar alternativas de suministro de minerales críticos. Especialistas y activistas exigen que el plan sea público, se discuta ampliamente y se ajuste a la legislación nacional, tomando en cuenta los derechos de las comunidades y la protección ambiental .

La pregunta que plantea la investigadora Azamar resume el dilema: “¿México va a ser un proveedor estratégico subordinado o va a ser un actor capaz de construir una transición energética con justicia social, soberanía y respeto a los territorios?” .