El asesinato del periodista mexicano Carlos Castro, ocurrido la noche del 8 de enero de 2026 en Poza Rica, Veracruz, ha tomado un giro aún más alarmante. Un video grabado por sus propios agresores, y difundido públicamente el 15 de enero, no solo muestra el crimen en detalle, sino que parece ser una demostración de fuerza y una herramienta de intimidación contra la prensa en la región.

Carlos Castro, de 25 o 26 años, era director del portal de noticias Código Norte Veracruz y se especializaba en la cobertura de seguridad y nota roja en el norte del estado. Fue atacado por sujetos armados al interior del restaurante “Trogue Birria”, un negocio familiar ubicado en la colonia Cazones, donde cenaba junto a familiares.

La grabación del crimen: un acto de terror

El video, de aproximadamente 30 a 35 segundos de duración, captura los momentos previos y posteriores al homicidio. La grabación comienza dentro de un vehículo, donde se escucha a uno de los presuntos sicarios comunicarse por radio, confirmando la ubicación de Castro con la frase: “Está adentro de los tacos, ya voy a entrar“. Los hombres, vestidos de negro y portando armas largas, descienden del automóvil y entran al restaurante; el video se desenfoca, pero se escuchan numerosos disparos. El material sugiere que la víctima fue vigilada antes del ataque y que el crimen fue meticulosamente planeado. La difusión de este video, según análisis de comunicadores locales, parece buscar aterrorizar a otros periodistas para inhibir su trabajo.

Antecedentes de amenazas y un sistema de protección fallido

El caso de Carlos Castro está marcado por el fracaso de las medidas de protección oficiales. El periodista había sido amenazado por policías municipales en 2024, lo que motivó su incorporación al mecanismo estatal de protección para periodistas en abril de ese año. Las medidas otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) incluían rondines de vigilancia a su domicilio y la entrega de una cámara personal, tras un proceso de mediación con autoridades locales.

Sin embargo, por razones no del todo claras, estas medidas fueron suspendidas meses antes del asesinato. Fuentes oficiales han señalado que esto ocurrió porque Castro había salido de Veracruz temporalmente por temor a su vida y no las solicitó de nuevo a su regreso en agosto de 2025. Otros reportes indican que la CEAPP consideró que “el tema había sido atendido”. Esta suspensión dejó al comunicador desprotegido en el momento del ataque.

Desapariciones vinculadas y el sombrío contexto veracruzano

La tragedia se agravó 48 horas después del funeral del periodista, celebrado el 10 de enero. Ese mismo día, su pareja sentimental, Wendy Arantxa Portilla Ramos (23 años), y una amiga cercana, Karime Monserrat Murrieta Reséndiz (22 años), fueron vistas por última vez tras asistir al sepelio y fueron reportadas como desaparecidas. Hasta el momento, sus paradero sigue sin conocerse y las fichas de búsqueda permanecen activas.

Este crimen y sus secuelas se enmarcan en un panorama desolador para Veracruz, que es el estado con más periodistas asesinados en México, con al menos 32 casos documentados que, según organizaciones civiles, se mantienen en la impunidad. A nivel nacional, Carlos Castro es el undécimo periodista asesinado desde que inició la presidencia de Claudia Sheinbaum, y el primer caso registrado a nivel mundial en 2026.

Condena internacional y exigencias de justicia

El caso ha generado una ola de condenas y exigencias de investigación. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han urgido a las autoridades mexicanas a investigar con celeridad y transparencia, considerando de manera prioritaria la línea de investigación relacionada con su labor periodística. La Unión Europea, junto con Noruega y Suiza, también ha condenado el crimen, alertando que constituye una amenaza directa a la libertad de expresión y puede generar “zonas de silencio”.

Las investigaciones, tanto por el asesinato como por la desaparición de las dos mujeres, permanecen abiertas en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sin que se hayan realizado detenciones o se hayan reportado avances públicos significativos. La sociedad civil y la comunidad periodística exigen que se aplique el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión y que se fortalezcan los mecanismos de protección, cuya efectividad ha quedado severamente cuestionada en este trágico suceso.