
El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la terminación de los Programas Humanitarios de Reunificación Familiar (Family Reunification Parole, FRP) para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, así como para sus familiares inmediatos.
De acuerdo con la notificación publicada en el Registro Federal, la decisión responde a la identificación de lo que las autoridades describen como “abusos de estas protecciones” y “lagunas de seguridad causadas por una verificación insuficiente”. El DHS señaló que los programas estaban siendo utilizados para “eludir el proceso tradicional de inmigración” y que, a partir de ahora, las solicitudes de reunificación familiar se evaluarán exclusivamente “caso por caso”, según lo establece la legislación migratoria estadounidense.
Disposiciones y Plazos Clave:
- Los beneficios del programa FRP quedarán oficialmente revocados el 14 de enero de 2026.
- Solo podrán mantener su estatus aquellos beneficiarios que hayan presentado una solicitud de residencia permanente (ajuste de estatus) antes del 15 de diciembre de 2025 y cuya solicitud permanezca pendiente en enero de 2026.
- En caso de que dicha solicitud sea rechazada, o si el beneficiario no ha iniciado ningún otro trámite para regularizar su situación, el periodo de beneficio terminará y la persona deberá abandonar el país.
- La revocación del estatus conlleva automáticamente la anulación de la autorización de empleo asociada al programa FRP.
El DHS notificará de manera individual a cada beneficiario afectado sobre la revocación de su estatus y permisos laborales. El gobierno ofrecerá incentivos, como asistencia financiera y ayuda con documentación de viaje, a quienes acaten la orden de salida voluntaria antes de la fecha límite, utilizando para ello la aplicación CBP Home.
Contexto y Perspectiva:
Los programas FRP fueron implementados por administraciones anteriores como una respuesta a crisis humanitarias y situaciones de vulnerabilidad en países de América Latina y el Caribe, permitiendo a miles de personas reunirse con familiares en Estados Unidos mientras se tramitaban sus casos de residencia o asilo.
Esta medida representa un endurecimiento en la política migratoria, priorizando, según el comunicado oficial, “la seguridad pública y el bienestar económico de los estadounidenses”, así como un retorno a la evaluación individual de cada caso migratorio. El DHS no especificó el número total de personas que se verán afectadas por esta decisión.
