El exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo fue arrestado este martes en la ciudad de Santa Cruz, al intentar salir del país y negarse a una requisa de su equipaje por parte de las autoridades policiales. La detención, calificada inicialmente como un “incidente policial administrativo menor” por el actual ministro del área, Marco Antonio Oviedo, ocurre en el marco de una medida que impide a altos funcionarios del anterior gobierno salir de Bolivia por 90 días y mientras el exfuncionario enfrenta otras denuncias más graves que están bajo investigación judicial.
Según informó el ministro Oviedo a los medios, Del Castillo permanecerá en dependencias policiales a la espera de que la fiscalía y un juez definan su situación legal en las próximas horas. El alto funcionario aclaró que, aunque existen acusaciones contra el exministro por hechos ocurridos durante su gestión –entre ellas, la presunta detención “arbitraria” de un gobernador opositor–, ninguna de ellas ha sido formalizada ante un tribunal hasta el momento.
Eduardo del Castillo, considerado el hombre fuerte del expresidente Luis Arce (2020-2025), fue también candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de agosto pasado, donde obtuvo un bajo respaldo. Su arresto se produce en el contexto de una serie de investigaciones ordenadas por el nuevo presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo tras ganar el balotaje de octubre con una plataforma de centro-derecha. Paz conformó una comisión especial para investigar denuncias de corrupción durante los casi 20 años de gobierno del MAS, periodo que el mandatario ha calificado de “saqueo de los recursos públicos”.
La situación de Del Castillo se vincula directamente con la del expresidente Luis Arce, quien se encuentra recluido en una cárcel de La Paz desde principios de diciembre. Arce enfrenta cargos por “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”, relacionados con el supuesto desvío de fondos públicos para comunidades indígenas a cuentas personales durante su época como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
Este caso se enmarca en un momento de alta tensión política en Bolivia. El gobierno de Paz enfrenta fuertes protestas de la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza sus reformas económicas de corte liberal, en particular la eliminación de los subsidios a los combustibles, medida que ha provocado un aumento significativo en los precios del transporte y los alimentos.
