El gobierno de Tlaxcala desmiente las declaraciones de la fiscal poblana sobre la posible participación de la delincuencia organizada y niega vínculos entre uno de los detenidos y la familia de la gobernadora Lorena Cuéllar.

A más de una semana del hallazgo de los cuerpos del matrimonio conformado por Karina de los Ángeles Ruiz y Alexandro Tello, las fiscalías de Puebla y Tlaxcala mantienen versiones encontradas sobre la investigación del crimen, en un hecho que ha generado confusión y cuestionamientos sobre la coordinación interestatal para esclarecer el caso.

La controversia se desató luego de que Idamis Pastor Betancourt, titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ofreciera una conferencia de prensa el lunes pasado en la que detalló la cronología de los hechos y señaló que una de las líneas de investigación que se seguían era la de delincuencia organizada.

Al día siguiente, Antonio Martínez Velázquez, vocero oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, respondió en el encuentro con medios “Diálogo Circular” y calificó las declaraciones de la fiscal poblana como “falsas”, “innecesarias” y “desafortunadas”.

La versión de Puebla

En su conferencia, la fiscal Pastor Betancourt ofreció una reconstrucción detallada de los hechos que, según su versión, ubicaban el lugar del homicidio en territorio tlaxcalteca. La funcionaria señaló que el móvil principal del crimen sería una “deuda entre particulares” y confirmó que una de las líneas de investigación abiertas era la posible participación de la delincuencia organizada.

Asimismo, la Fiscalía de Puebla informó sobre la detención de Christian N., presunto autor intelectual y socio de Alexandro Tello, así como de Alejandro N. y Miriam N. De acuerdo con la versión de la fiscalía poblana, Christian N., quien era socio de Alexandro Tello, le habría solicitado un préstamo millonario que no pudo pagar, por lo que presuntamente planeó y ejecutó el ataque contra el matrimonio.

Christian N. era padrino del hijo menor de la pareja, lo que explicaría la relación de confianza que existía entre las víctimas y el presunto responsable.

La respuesta de Tlaxcala: “información falsa e innecesaria”

Antonio Martínez Velázquez puntualizó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala es la institución que lleva a cabo las indagatorias, por lo que será esa dependencia la que informe sobre los avances de la investigación, no la de Puebla.

“La comunicación sobre estos casos, y en el caso de la fiscalía (de Tlaxcala) no va ni por la presión, ni por la prisa mediática. No puede ser que una investigación con peritajes, con criminalística, se base en la prisa y en la presión mediática y social”, citó el vocero.

Martínez Velázquez añadió que tanto el gobierno de Puebla como el de Tlaxcala, principalmente las fiscalías, quieren y deben procurar justicia y cero impunidad, porque ese es el compromiso de todos.

“Pero eso no quiere decir que ante filtraciones se den, por ejemplo, las desafortunadas declaraciones de la fiscal del estado de Puebla sobre un tema que no es parte de su investigación”, destacó.

El funcionario rechazó categóricamente que la línea de investigación del homicidio sea la delincuencia organizada, como lo declaró la fiscal poblana.

“Aseguró que ninguna de las líneas que investiga la Fiscalía de Tlaxcala apunta en esa dirección, como ayer lo declaró Idamis Pastor Betancourt, fiscal de Puebla”, afirmó.

Martínez Velázquez pidió esperar al informe oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala sobre los detenidos del caso, “porque eso es lo correcto, lo ético sobre este asunto que ayer generó mucho ruido, ruido, además de falso e innecesario”.

Insistió en que la Fiscalía de Tlaxcala emitirá su información una vez que los detenidos Alejandro N. y Hugo N. sean vinculados a proceso sobre las causales que correspondan.

Contradicción sobre el lugar de los hechos

Uno de los puntos de mayor controversia entre ambas fiscalías es la ubicación exacta donde ocurrió el homicidio. La Fiscalía de Puebla había informado inicialmente que los cuerpos fueron localizados en un paraje del municipio de Chignahuapan, Puebla, aunque las investigaciones señalaban que el homicidio había ocurrido en Tlaxcala.

Sin embargo, el vocero del gobierno tlaxcalteca afirmó que el asesinato ocurrió en territorio poblano, específicamente en Chignahuapan, lo que contradice la versión difundida inicialmente por la fiscalía poblana sobre la ubicación del crimen.

Negación de vínculos políticos

Martínez Velázquez también fue cuestionado sobre las versiones que circularon en algunos medios de Tlaxcala y en redes sociales, en las que se señalaba a Alejandro N. como esposo de María Fernanda, hija de la gobernadora Lorena Cuéllar.

Las versiones también referían que Alejandro N., junto con Christian N., tenían negocios de facturación con el gobierno de Tlaxcala, debido a que el primero sería esposo de una hija de la gobernadora, mientras que Christian era socio y amigo de Alexandro Tello, víctima del homicidio junto con su esposa.

“(Eso) corresponde al terreno de la ficción, no del periodismo. De principio, Alejandro no es el esposo de María Fernanda y en segundo lugar no tiene nada que ver con eso. Por eso creo que corresponde al terreno de la ficción”, declaró a pregunta expresa.

Detenidos y situación legal

Hasta el momento, se reporta la detención de varias personas relacionadas con el caso:

  • Christian N., presunto autor intelectual, se encuentra detenido bajo custodia de la Fiscalía de Puebla.
  • Alejandro N. y Miriam N. también están detenidos por la FGE de Puebla.
  • La Fiscalía de Tlaxcala mantiene detenidos a Hugo N. y a otro Alejandro N., a la espera de que sean vinculados a proceso.

La Fiscalía de Tlaxcala ha enfatizado que no emitirá información oficial hasta que los detenidos bajo su custodia sean formalmente vinculados a proceso, en un intento por evitar filtraciones y garantizar el debido proceso.

Un caso que ha conmocionado a la opinión pública

El homicidio del matrimonio Tello Ruiz ha generado una gran conmoción en la opinión pública, no solo por la violencia del crimen, sino también por la orfandad en la que quedaron los hijos de la pareja.

Familiares y amigos de las víctimas han emprendido campañas de recaudación de fondos para apoyar a los menores, mientras que la ciudadanía ha manifestado su consternación ante un caso que evidencia los riesgos que pueden derivarse incluso de relaciones de confianza y negocios entre particulares.

La necesidad de coordinación interestatal

El enfrentamiento entre las fiscalías de Puebla y Tlaxcala ha puesto de manifiesto la necesidad de una coordinación más efectiva entre las procuradurías de justicia de los estados, especialmente en casos donde los hechos delictivos involucran a más de una entidad federativa.

La falta de una versión unificada sobre elementos tan básicos como el lugar de los hechos o las líneas de investigación genera incertidumbre en la ciudadanía y puede entorpecer el curso de las indagatorias.

Los especialistas en materia de procuración de justicia coinciden en que, más allá de las diferencias institucionales, el objetivo común debe ser esclarecer los hechos, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar que no haya impunidad en un caso que ha causado un profundo dolor social.

Mientras tanto, las familias de las víctimas y la sociedad en general esperan que las investigaciones avancen con prontitud y transparencia, y que los responsables de este doble homicidio enfrenten todo el peso de la ley, más allá de las disputas entre las instituciones encargadas de procurar justicia.