El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes a través de su canal oficial de Telegram que las fuerzas de seguridad del país han destruido 39 aeronaves presuntamente vinculadas al narcotráfico en lo que va de 2025. Según el mandatario, esta cifra eleva a 430 el total de aviones inhabilitados desde la entrada en vigor de la normativa venezolana que prohíbe los vuelos ilegales en el espacio aéreo nacional.
En su mensaje, Maduro felicitó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la Aviación Militar por mantenerse “vigilantes” en la defensa del espacio aéreo. Este anuncio se produce después de que el Comando Estratégico Operacional de la FANB, a cargo del general Domingo Hernández Lárez, reportara la destrucción de nueve aeronaves en operaciones recientes: ocho en el estado Amazonas (fronterizo con Brasil) y una en Apure (limítrofe con Colombia). Según las autoridades militares, estas aeronaves operaban desde “pistas clandestinas ilegales” y violaban la normativa nacional.
En declaraciones previas, Maduro defendió el modelo venezolano de combate al crimen organizado como “ejemplar” y afirmó que la FANB actúa “por tierra, aire y mar”. Estas afirmaciones se enmarcan en un contexto regional donde Estados Unidos también reporta acciones contra el narcotráfico; según datos del gobierno estadounidense, su campaña militar en la zona ha incluido 30 ataques contra presuntas lanchas narcotraficantes en el Pacífico oriental y el Caribe.
Contexto de Tensión Bilateral con Estados Unidos
El anuncio de Maduro se produce en un escenario de fricción diplomática y militar con Estados Unidos. Recientemente, el presidente Donald Trump mencionó un ataque dentro de territorio venezolano contra objetivos del narcotráfico. De acuerdo con un reporte de la agencia Associated Press (AP) que cita dos fuentes no identificadas, esa operación fue ejecutada con drones y atribuida a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), teniendo como objetivo un muelle presuntamente utilizado para cargar drogas. Ni la Casa Blanca ni la CIA han confirmado oficialmente su autoría, y el gobierno venezolano no ha reconocido que tal incidente haya ocurrido dentro de sus fronteras.
Paralelamente, Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra 10 personas y empresas de Irán y Venezuela, a las que acusa de estar vinculadas al comercio de drones y al programa de misiles iraní. Las medidas incluyen el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones financieras, como parte de la estrategia de “máxima presión” de la administración Trump hacia Irán, que busca frenar su desarrollo nuclear y la proliferación de armamento. Esta política ya había incluido ataques a instalaciones de enriquecimiento iraníes tras un periodo de escalada entre Israel e Irán.
