
El Centro Católico Multimedial (CCM) reveló que Guerrero se mantiene como el estado más violento para los sacerdotes en México. De acuerdo con su informe más reciente, 11 religiosos han sido asesinados en esta entidad desde 1994, lo que la coloca a la cabeza en la lista nacional de agresiones mortales contra miembros de la Iglesia.
El documento indica que, en los últimos años, el incremento de la violencia en la región ha alcanzado a sectores tradicionalmente considerados fuera del conflicto, como el religioso. Guerrero supera a estados como Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua, Veracruz y Jalisco, donde también se han registrado ataques, aunque en menor número.
El CCM advierte que las agresiones ya no se limitan a homicidios, sino que incluyen amenazas, extorsiones, secuestros y atentados, los cuales reflejan un patrón de violencia más complejo y sistemático. Estos hechos se relacionan, según el organismo, con la presencia del crimen organizado y la falta de condiciones de seguridad en comunidades rurales y urbanas.
En su reporte, el centro señala que muchos de los sacerdotes asesinados o agredidos trabajaban en zonas con altos índices delictivos, realizando labores pastorales o de apoyo comunitario. En varios casos, habían denunciado abusos, extorsiones o violencia social, lo que los colocó en situación de riesgo.
El informe también destaca que México es actualmente el país más peligroso de América Latina para ejercer el sacerdocio, con más de 70 religiosos asesinados en las últimas tres décadas. Esta cifra supera a naciones con conflictos armados internos o crisis políticas más visibles.
El CCM hizo un llamado a las autoridades federales y estatales para que fortalezcan los mecanismos de investigación y protección, y para que no se permita la impunidad en los casos de violencia contra el clero. Asimismo, pidió que se reconozca el papel social que desempeñan los sacerdotes y se garantice su seguridad en todo el territorio nacional.
Organizaciones civiles y representantes de la Iglesia coincidieron en que el fenómeno refleja una descomposición social más profunda, en la que la inseguridad afecta incluso a quienes promueven la paz y la reconstrucción del tejido comunitario.
