Lo que comenzó como ayuda para una amiga terminó en una batalla contra la violencia digital. Desde 2019, el experto en ciberseguridad Andy Torres y el Colectivo DLR han logrado inhabilitar al menos 90 mil grupos y páginas donde se difunden fotos y videos íntimos de mujeres sin su autorización

En 2019, cuando una amiga le pidió a Andy Torres, experto en ciberseguridad, que le ayudara a cerrar un grupo en el que se estaban distribuyendo sus fotos íntimas, nunca imaginó que sus amigos y compañeros de trabajo compartían imágenes de sus parejas, compañeras de trabajo y conocidas sin su consentimiento.

“Desconocía por completo este tipo de actividades. Un grupo de packs no era algo que identificaba porque el término no me era familiar”, afirmó Andy en entrevista con Animal Político. “Muchos de los que estaban en este grupo eran personas que incluso yo conocía y ahí habían publicado a sus parejas, a personas que igual yo podía identificar. Entonces, lo que hice fue exponer a las personas que estaban en ese grupo y que en ese entonces eran mis amigos”, agregó.

Así, lo que empezó como un favor a una persona conocida, rápidamente se convirtió en un trabajo de 24 horas. A seis años de aquel día, el Colectivo DLR, del cual Torres es fundador y director, ya ha logrado la inhabilitación de al menos 90 mil grupos y páginas en donde se comparte contenido íntimo de mujeres sin autorización.

El crecimiento del colectivo

Unos meses después, ya en 2020, en plena pandemia y confinamiento, Andy —quien vive en Oaxaca— comenzó a recibir decenas de mensajes de mujeres quienes, al enterarse de que había inhabilitado un grupo donde se compartía contenido íntimo, le solicitaban ayuda para borrar fotos y videos que sus parejas habían filtrado en grupos dedicados a esta práctica.

“Al inicio eran muy pocos casos los que me llegaban, atendía unos tres o cuatro por semana… hoy llegan 800 o más mensajes por día”, detalló.

Dada la cantidad de casos que comenzó a recibir, no solo de Oaxaca u otras entidades del país, sino también del extranjero, Andy tuvo que buscar quién lo apoyara para no verse rebasado. Hoy el Colectivo DLR está conformado por 10 personas: Andy y nueve mujeres a quienes él les ayudó en sus casos de violencia digital y después se sumaron al proyecto para apoyar a más personas víctimas.

Luchar desde su trinchera contra la violencia digital, comparte Andy, no ha sido fácil. “Las amenazas se hicieron más como una costumbre. Hoy publico a alguien o menciono algo y ya sabemos que va a llegar un mensaje o van a tratar de intimidar”, cuenta.

Pero no solo eso, también ha sido ignorado por todos los niveles de gobierno —locales y federales— a quienes les ha presentado pruebas de los casos de violencia digital y hasta de abuso a menores, sin que actúen.

“Hay un momento en el que es frustrante que borramos material, pero siguen apareciendo grupos”, reconoce el experto en ciberseguridad. “A veces sientes que tu trabajo no está dando frutos, pero te pones a reflexionar y al final de cuentas ves que vale la pena seguir haciéndolo porque si no hubiera estado ahí, las cosas hubieran sido peor”, dijo.

Un trabajo único en México

En México no existe ningún colectivo u organización que elimine o inhabilite páginas y grupos en donde se comparte contenido íntimo de mujeres, pues el apoyo que ofrecen otras instancias se limita a la asesoría legal y apoyo psicológico.

“Nadie más está eliminando el contenido íntimo aquí en México. No sé en otros países porque no conozco todavía a alguien más que lo esté haciendo, pero aquí en México nadie más está eliminando el contenido”, sostuvo Andy.

Novios y esposos, entre los principales agresores

De acuerdo con datos del INEGI, en 2024, a nivel nacional, el 21.0 por ciento de la población de 12 años y más, usuaria de internet, vivió alguna situación de acoso cibernético, porcentaje que representó 18.9 millones de personas. De ellas, 11 millones fueron mujeres.

La situación de ciberacoso que experimentaron con mayor frecuencia fue amenazar con publicar información personal, audios o videos para extorsionar, con 43.2 por ciento. En el caso de los hombres, lo más común fue el rastreo de cuentas o sitios web, con un 38.1 por ciento.

Del total de casos que el Colectivo DLR recibe, 90 por ciento son de mujeres adultas. El 10 por ciento restante corresponde a casos relacionados con menores de edad (entre los 11 y los 15 años) quienes, detalló el fundador del colectivo, los contactan directamente pidiendo ayuda por amenazas, difusión de contenido íntimo o casos de ciberbullying, como la creación de stickers o situaciones en las que intentan exponerlos en alguna plataforma.

“En la mayoría de los casos, sobre todo de contenido íntimo filtrado, los agresores son personas con las que se han relacionado de alguna manera emocional y sexual, ya sea una pareja formal, un esposo, un novio o bien alguien con quien simplemente tenían un vínculo emocional, alguien que conocieron, con quien salían, que no tenía como tal una etiqueta”, explicó Andy Torres.

“Es muy raro encontrar casos donde hubo un robo de información porque robaron un teléfono o una cuenta. Sí hay, no voy a decir que no, sí hemos atendido casos así, pero son muy pocos en comparación con aquellos en los que está involucrada una expareja”, agregó.

Casos de hombres víctimas de violencia digital también han atendido, pero el porcentaje es mínimo, no porque no existan, sino porque es más difícil que soliciten ayuda. Al año, este colectivo atiende unos 10 casos de varones.

Víctimas que ayudan a otras víctimas

Conforme el nombre del colectivo se hizo más público, las solicitudes de ayuda pasaron de ser apenas una decena al mes a ser cientos diarias, por lo que Andy se vio en la necesidad de buscar apoyo.

Sabía que lo necesitaba, pero también estaba cierto en que no podía abrirle la puerta a cualquier persona porque “al momento en el que me traen su caso, eso incluye todo lo que están exponiendo de la persona, es decir, las mismas fotos íntimas y el hecho de darle acceso a alguien a ese tipo de datos es muy difícil”, explicó.

Fue así como una mujer a quien él había apoyado en un caso de violencia digital se le acercó ofreciendo su ayuda. “Básicamente fue el punto de donde partimos porque de ahí lo que hice fue abrir la puerta a todas las mujeres que quieran participar en el colectivo, pero que en algún momento ya había ayudado”, detalló.

“Las capacitamos, les enseñé cómo se tenía que trabajar una eliminación de fotografías, de grupos, páginas, etcétera y fue así como fuimos abriendo áreas para atender diferentes casos”, compartió Andy.

Sin apoyo de las autoridades

Aunque en los seis años de existencia del colectivo en distintas ocasiones han buscado apoyo de las autoridades estatales y federales, la respuesta ha sido prácticamente nula.

En algunos casos, reconoce Andy, las autoridades aceleran la investigación y persecución. Sin embargo, en la mayoría de las veces —y a pesar de contar con todas las pruebas documentales— los han ignorado y no han actuado, incluso cuando se ha tratado de casos de abuso a menores.

“No hay un contacto directo en sí, no es como que yo obtenga un caso, se los pase, ellos lo trabajen y hagan una detención, eso no existe”, informó Andy.

“Tuvimos un grupo en donde se compartía contenido de menores, eran profesores, teníamos el nombre de la escuela, los rostros de los profesores, en donde vivían en ese momento. Tenemos toda la actividad que ellos estaban realizando y cómo se compartían todo por WhatsApp y la Fiscalía de Nuevo León me pidió viajar a ese estado, buscar a las personas y que presentaran una denuncia. Desde ahí supimos que nunca íbamos a tener una participación seria de ellos y lo mejor que tenemos es exponer esto para que las autoridades hagan el trabajo”, abundó.

En lo que respecta al financiamiento del Colectivo, explicó que viven de recursos propios generados con la impartición de pláticas y talleres. Al momento, sostuvo, no reciben recursos de otras organizaciones, iniciativa privada o gobiernos, situación que complica su trabajo porque, en promedio, deshabilitar una página o grupo en donde se comparte contenido íntimo de mujeres puede costar entre 8 y 10 mil pesos.

Como parte de los apoyos ofrecidos, el colectivo absorbe la mayor parte del costo y el resto, entre mil o 2 mil pesos, lo reciben como pago por inhabilitar las páginas o grupos.

Frustración constante

A finales de 2019, cuando Andy recibió la primera petición de ayuda por parte de su amiga, él estaba cansado de su trabajo e incluso ya no quería saber nada de computadoras ni ciberseguridad.

En entrevista contó que no le encontraba sentido a lo que hacía y aunque ganaba bien, no le gustaba su trabajo, por lo que decidió renunciar. Sin trabajo, sin casa y con pocos ahorros, el experto en ciberseguridad se daba tiempo de ayudar a las mujeres que lo buscaban porque eran víctimas de violencia sexual.

“Las mismas personas que en un momento hace seis años comenzaron a decirme que este trabajo valía mucho la pena fueron las mismas que estuvieron ahí conmigo en el momento en el que yo no tenía nada. Me ayudaron a salir de ese momento y lo que yo pude darles a ellos es lo que sabía hacer”, contó el joven.

“Conforme fueron pasando los años, este trabajo es como cuando encuentras ese zapato que entra perfectamente y te sientes cómodo con él y así ha sido para mí: que mi conocimiento y mi tiempo valieran completamente la pena”, agregó.

Aunque ahora desempeña una labor que lo llena personal y profesionalmente, lidiar con la frustración es algo que ha tenido que aprender. “Conforme aumenta la cantidad de usuarios que navegan en internet, aumentan la cantidad de posibles víctimas o de agresores. Cada nueva generación que llega a internet es un mar de personas que probablemente van a cruzar por esto o van a participar en estas actividades. Entonces, eso son cosas que no podemos controlar”, alertó.

“Ha habido momentos donde parecía frustrante el hecho de que borrábamos material, pero seguían apareciendo casos nuevos y eso en algún punto te hace sentir que tu trabajo no está dando frutos”, señaló.

¿Por qué el Colectivo se llama DLR?

Al buscar un nombre para identificar el colectivo que estaba conformando, Andy Torres no dudó en hacer un homenaje a su mamá, quien ya falleció. Así que usó las iniciales de su nombre porque siempre estuvo relacionada con el activismo: DLR.

“Ella buscaba un lugar donde se pudiera ayudar y creo que la mejor opción es que ella fuera el estandarte para la actividad que hago hoy en día”, sostuvo Andy.

Su madre, recordó, estudió medicina porque decía que era una carrera difícil para las mujeres, sobre todo en la época en la que ella la ejerció. “Siempre decían que las mujeres no tenían el conocimiento ni la habilidad para estudiar medicina, que los peores médicos eran mujeres”, recordó.

“A ella no le gustaban ese tipo de comentarios, no le gustaba que quisieran hacer menos a las mujeres, entonces siempre buscó la forma de apoyar o crear espacios donde se pudiera ver el trabajo de las mujeres. Así que cuando yo buscaba un nombre para el colectivo se me hizo lo más prudente darle el espacio que ella quería”, compartió.

Violencia digital en cifras

De acuerdo con datos del INEGI, en 2024 las situaciones de ciberacoso más frecuentes entre la población de 12 años y más fueron: contacto mediante identidades falsas (34.9 por ciento), invitaciones o propuestas con fines sexuales (33.9 por ciento) y mensajes ofensivos (33.1 por ciento). En el caso específico de las mujeres, las principales formas de acoso fueron: contacto mediante identidades falsas (36.5 por ciento), mensajes ofensivos (35.4 por ciento) e invitaciones o propuestas con fines sexuales (35.3 por ciento).

El trabajo del Colectivo DLR se ha convertido en un referente en la lucha contra la violencia digital en México, llenando un vacío que las instituciones gubernamentales no han podido o querido atender. A pesar de las limitaciones, la falta de apoyo y las amenazas constantes, el equipo continúa su labor convencido de que cada grupo inhabilitado representa decenas o cientos de mujeres que dejan de ser víctimas de la exposición no consentida de su intimidad.

La historia de Andy Torres y el Colectivo DLR demuestra cómo la experiencia técnica, la convicción personal y la solidaridad entre víctimas pueden generar soluciones concretas a problemas complejos, incluso cuando el Estado permanece ausente. En un país donde la violencia digital afecta a millones de mujeres, iniciativas como esta representan un faro de esperanza y un llamado a la acción para que las autoridades asuman la responsabilidad que les corresponde.