Un caso de embarazo infantil en Chiapas ha conmocionado a México. Una niña de 10 años se encuentra en estado crítico, luchando por su vida en un hospital de San Cristóbal de las Casas, después de sufrir graves complicaciones durante un parto prematuro. Las autoridades sanitarias informaron que el estado físico de la menor, identificada extraoficialmente como Deysi, no estaba preparado para la gestación ni el alumbramiento, lo que derivó en lesiones internas severas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades penales ante lo que se perfila como un delito.

Estado clínico reservado y búsqueda del presunto responsable

De acuerdo con reportes médicos, la menor ingresó en los primeros días de enero al Hospital de la Mujer y posteriormente fue trasladada al Hospital de las Culturas, donde permanece grave. Los médicos detectaron daños severos, incluyendo el aplastamiento de la vejiga y la uretra, así como lesiones en otros tejidos internos. Su pronóstico se mantiene reservado.

El caso llegó a conocimiento de las autoridades cuando un trabajador social del hospital realizó la denuncia formal. Se investiga a un joven de aproximadamente 18 años, quien se presentó como su esposo y la acompañó al centro hospitalario, para luego desaparecer sin dejar rastro. La Fiscalía ya ha abierto una carpeta de investigación para ubicar a este individuo y determinar su posible responsabilidad en el embarazo de la niña.

Un problema estructural: embarazo infantil forzado y sus graves implicaciones

Este caso lamentable pone nuevamente sobre la mesa una problemática estructural en México, particularmente en estados como Chiapas. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Chiapas encabeza la lista nacional de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, con alrededor de 5 mil casos registrados entre 2022 y 2025. En las comunidades indígenas, la proporción de adolescentes que han estado embarazadas es del doble que el promedio nacional.

Organismos internacionales y de derechos humanos han sido enfáticos en señalar la gravedad de estos casos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha establecido que un embarazo forzado en una niña constituye tortura o trato cruel, inhumano y degradante. Las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte a nivel mundial para adolescentes entre 15 y 19 años. Para niñas menores de 15 años, los riesgos son exponencialmente mayores, con el doble de probabilidades de muerte materna en comparación con mujeres adultas.

La campaña #EmbarazoInfantilForzadoEsTortura, impulsada por la red feminista CLADEM, argumenta que obligar a una niña a continuar un embarazo no deseado, especialmente cuando es producto de violencia sexual, implica una triple violación a sus derechos humanos: a su libertad sexual, a no ser obligada a gestar y a no ser forzada a la maternidad.

Marco legal y responsabilidades institucionales

En México, el matrimonio infantil está prohibido sin excepciones desde que se reformaron los códigos Civil y Penal para fijar los 18 años como edad mínima. La ley castiga con penas de ocho a quince años de prisión a quien promueva, facilite u obligue a un matrimonio con menores, agravándose la sanción si la víctima pertenece a una comunidad indígena. Asimismo, todo embarazo en una niña menor de 14 años se presume resultado de abuso sexual, activando de forma obligatoria una investigación ministerial por parte de las instituciones de salud que lo detecten.

A pesar de este robusto marco legal, persisten prácticas bajo el argumento de “usos y costumbres” en algunas comunidades. El gobierno federal implementó en agosto de 2025 una estrategia especial en 50 municipios con alta incidencia para prevenir estos casos, aunque el reciente suceso evidencia los profundos desafíos pendientes.

El bebé, que nació de manera prematura, también se encuentra hospitalizado en condición delicada, bajo observación médica estricta. El caso de Deysi no es solo una tragedia personal, sino un severo recordatorio de una deuda histórica en la protección de los derechos de las niñas en México.