La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) abrieron investigaciones por presuntas amenazas hechas por el director del CERESO de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, en contra de una persona privada de la libertad (PPL), quien denunció los hechos a través de un video difundido en redes sociales y medios de comunicación.

En un comunicado, la SSC informó que ya se indaga la conducta del servidor público para confirmar la veracidad de los señalamientos, garantizando el respeto a los derechos humanos. También se implementó vigilancia especial para proteger a la persona denunciante, quien ha tenido conflictos previos con otros internos.

La CEDH, por su parte, abrió un expediente de queja y emitió medidas cautelares para proteger la integridad física y emocional del denunciante, así como para asegurar atención médica oportuna. El organismo ya sostuvo entrevistas con el afectado y su familia, a quienes brindará acompañamiento integral para garantizar su seguridad, derecho al debido proceso y a una reinserción social digna.

En el video, el interno —actualmente recluido en el CERESO de Apizaco— también pidió protección a la presidenta Claudia Sheinbaum para su esposa e hijas, quienes habrían recibido amenazas de muerte por parte del director y otros funcionarios, luego de negarse a seguir pagando cuotas quincenales de entre 3 mil y 20 mil pesos. Además, el denunciante acusó a Martínez Guerrero de solicitarle participar en un homicidio, permitir salidas irregulares de internos para cometer robos a gasolineras y generar conflictos con otros PPL para atentar contra su vida.

Cabe destacar que el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala fue el peor evaluado del estado en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024 de la CNDH, con una calificación de 6.03 sobre 10. El informe señaló deficiencias en servicios médicos, atención a personas indígenas, control de sanciones, personal capacitado, condiciones de higiene y mecanismos para presentar quejas. Aunque también se reconocieron aspectos positivos como la ocupación adecuada del centro, la inexistencia de cobros ilegales y programas para personas con VIH/SIDA