La Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), que busca transformarse en la nueva Universidad de la Tecnología y la Sostenibilidad con la visión de posicionar a Puebla como el Silicon Valley del país, enfrenta serios cuestionamientos por la falta de perfiles profesionales adecuados entre sus nuevos directivos. Según el Registro Nacional de Profesionistas de la SEP federal, el 42% del personal recientemente nombrado no cuenta con cédula profesional, pese a ocupar cargos estratégicos.
Entre los casos más polémicos destaca el de Anna Luisa Vera Andrade, nueva abogada general, quien obtuvo en un solo año (2021) una maestría y un doctorado en Derecho, ambos del Instituto Ejecutivo Mexicano, institución de dudosa reputación académica. También figura Yvette Pérez Blancas, una estomatóloga al frente de la Dirección de Sistemas Automotrices, sin relación alguna con su formación profesional. Incluso se reportó la designación simultánea de dos personas para el mismo cargo el mismo día, hecho que evidenciaría improvisación en el proceso de asignación de puestos.
Además, se documentaron casos de presunto nepotismo y uso de influencias políticas, como el de Higinio Flores Zavaleta, encargado de la Dirección de Administración y Finanzas, quien habría colocado a su sobrina, María Manuela Flores Olivares, como jefa de Recursos Humanos. También destaca la presencia de funcionarios sin cédula, como Nadia Centeno Mercado, en puestos directivos sin cumplir los requisitos legales. Según fuentes internas, varios de estos funcionarios alegan tener respaldo directo del gobernador Alejandro Armenta, lo que explicaría su permanencia a pesar de las irregularidades.
