Un análisis del New York Times, basado en imágenes satelitales, indica que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han demolido más de 2,500 estructuras en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego con Hamás en octubre de 2025. Las operaciones de demolición, concentradas a lo largo de la denominada “Línea Amarilla” de demarcación, continúan en medio de un contexto humanitario catastrófico y un frágil proceso de paz que no ha logrado avanzar hacia una solución política permanente.

La acción militar israelí se produce en el marco de un alto el fuego que permanece precario y se ha visto interrumpido por episodios de violencia intermitente. Aunque los combates a gran escala cesaron, las operaciones israelíes han continuado con el objetivo declarado de neutralizar infraestructura militar y evitar que Hamás recupere capacidades en áreas cercanas a la frontera. A fecha de 18 de diciembre de 2025, el ejército israelí había causado la muerte de 394 palestinos desde que el alto el fuego entró en vigor, sumándose a un saldo total que supera las 70,000 víctimas mortales desde octubre de 2023.

Contexto operativo y humanitario de las demoliciones

Las FDI han justificado las demoliciones como parte de una estrategia para desmantelar infraestructura de Hamás, argumentando que muchos edificios estaban conectados a redes de túneles subterráneos o habían sido preparados como trampas explosivas. Según declaraciones militares a medios, las tropas abren fuego contra cualquier persona que se considere una “amenaza inmediata” cerca de sus posiciones.

Este ambiente de continua operación militar ha severamente restringido el acceso humanitario y periodístico. Las operaciones de demolición han ocurrido en un contexto de restricciones de acceso para observadores independientes, dificultando una verificación completa de los daños.

La Línea Amarilla más que una frontera temporal

La “Línea Amarilla” es mucho más que una simple línea de demarcación militar temporal. Analistas de seguridad la describen como una herramienta operativa para redefinir los límites del control israelí dentro de la Franja de Gaza. A través de ella, Israel busca convertir vastas áreas al este de Gaza en zonas de amortiguación sujetas a vigilancia y control de fuego, impidiendo el retorno de los residentes y reconfigurando el mapa humanitario de la Franja.

Esta línea funciona como un nuevo de facto de frontera que continúa expandiéndose, anexionando territorio palestino. Los palestinos que la cruzan son ejecutados, incluyendo casos de niños. Expertos argumentan que estas acciones apuntan hacia la consolidación de una ocupación parcial de largo plazo, en lugar de una retirada genuina.

Catástrofe humanitaria agravada por restricciones

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo catastrófica. La destrucción generalizada, el desplazamiento forzado y el colapso de los servicios esenciales se han visto agravados por las recientes tormentas invernales y temperaturas bajo cero, que han destruido miles de refugios temporales y causado la muerte de varios bebés por hipotermia. Aunque el volumen de ayuda humanitaria aumentó un 67% tras el alto el fuego, su distribución enfrenta enormes obstáculos.

Una de las medidas más controvertidas ha sido la decisión de Israel de suspender a más de 30 organizaciones humanitarias internacionales a partir de enero de 2026, incluyendo Médicos Sin Fronteras y CARE. Las autoridades israelíes exigen a las ONG que registren los nombres de sus trabajadores y proporcionen detalles sobre financiación, argumentando que buscan evitar la infiltración de Hamás. Las organizaciones afectadas califican esta medida como arbitraria y potencialmente devastadora para una población civil en situación desesperada, alegando que someter a sus empleados palestinos a un escrutinio israelí viola los principios humanitarios de neutralidad.

Además, Israel ha introducido requisitos ideológicos que descalifican a organizaciones que hayan llamado a boicots contra Israel, negado el ataque del 7 de octubre o expresado apoyo a causas judiciales internacionales contra líderes israelíes.

Un proceso de paz estancado y un futuro incierto

El alto el fuego actual es la primera fase del “Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza” propuesto por Estados Unidos, que contempla el desarme de Hamás, la retirada progresiva israelí y el establecimiento de un gobierno tecnocrático interino bajo la supervisión de un “Consejo de Paz” internacional. Sin embargo, este proceso está estancado. Hamás se ha comprometido a disolver su gobierno en Gaza una vez que tome posesión el comité de liderazgo tecnocrático, pero los detalles siguen sin concretarse.

Por otra parte, Israel ocupa entre el 53% y el 58% del territorio de Gaza, un control que parece destinado a perdurar. Algunas voces dentro del gobierno israelí abogan por formalizar esta realidad, mientras que analistas independientes advierten que el país está adoptando una política de “avance gradual” para consolidar el control.

Mientras tanto, en Cisjordania ocupada, la expansión de asentamientos y la violencia de colonos han alcanzado niveles récord, con más de 6,300 nuevas viviendas aprobadas en 2025. La posibilidad de una estadidad palestina viable parece más lejana que nunca, y la comunidad internacional enfrenta el desafío de reconciliar la urgente necesidad humanitaria en Gaza con la búsqueda de una solución política que aún no tiene contornos claros