El gobierno israelí ha iniciado un proceso para retirar las licencias de operación a un mínimo de 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales que trabajan en la Franja de Gaza y Cisjordania ocupada. Entre las entidades afectadas se encuentra la reconocida organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF). La medida, que obligaría a estas organizaciones a cesar sus actividades antes del 1 de marzo de 2026, ha generado una alerta inmediata de las Naciones Unidas, que advierte sobre consecuencias “catastróficas” para la población civil palestina.

Según informó el diario israelí Yedioth Ahronoth, la decisión es impulsada por un equipo ministerial liderado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo. Las autoridades israelíes han enviado notificaciones formales a las ONG, alegando presuntos incumplimientos en los procedimientos de registro y, en algunos casos, la negativa a proporcionar listas completas de su personal palestino para lo que denominan “controles de seguridad”. El gobierno israelí ha señalado que cualquier organización acusada de “deslegitimar” al Estado de Israel o que emplee a personas que hayan apoyado campañas de boicot en los últimos siete años podría enfrentar la expulsión.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) emitió un comunicado urgente calificando la medida de “catastrófica”. Subrayó que estas ONG “son fundamentales para las operaciones humanitarias” y que su salida pondría en “peligro inminente” la vida de los palestinos, especialmente durante el invierno. La ONU detalló que, de implementarse la orden, uno de cada tres centros de salud de Gaza se vería forzado a cerrar, ya que estas organizaciones gestionan o apoyan la mayoría de los hospitales de campaña, centros de atención primaria, programas de nutrición para niños con desnutrición aguda, servicios de agua y saneamiento, y operaciones de desminado.

Esta acción se enmarca en un patrón más amplio de restricciones israelíes contra organismos de ayuda. En 2024, el parlamento israelí (Knéset) aprobó una ley que prohíbe las actividades de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en los territorios ocupados, decisión que la agencia rechazó por considerarla políticamente motivada. Recientemente, una nueva legislación israelí ha autorizado el corte del suministro de agua y electricidad a las instalaciones de UNRWA, medida que ha sido condenada por el jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, quien la calificó de “escandalosa”.

La crisis humanitaria se desarrolla en paralelo a la continua violencia. Fuentes médicas en Gaza reportaron que, en una reciente violación del alto el fuego, una niña de 11 años falleció por disparos del ejército israelí en la Ciudad de Gaza, y una mujer y un niño resultaron heridos en un ataque separado en Yabalia. El Ministerio de Salud de Gaza informa que, desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre, al menos 414 palestinos han muerto y más de 1,100 han resultado heridos por acciones israelíes. El balance total desde octubre de 2023 supera los 71,000 fallecidos y 171,000 heridos, según las autoridades sanitarias palestinas.

La retirada de licencias a ONG esenciales en un momento de extrema necesidad humanitaria representa una escalada significativa en las condiciones de acceso a la ayuda. Observadores internacionales temen un colapso aún mayor de los sistemas de salud, refugio y alimentación en Gaza. La comunidad humanitaria global y varios gobiernos están llamando a Israel a revertir la decisión, mientras monitorean la evolución de una situación que amenaza con profundizar drásticamente el sufrimiento de la población civil.