La reforma constitucional para establecer una jornada laboral máxima de 40 horas a la semana, cuyo dictamen se discutirá en el Congreso a partir de la próxima semana, mantendría el esquema vigente de un solo día de descanso obligatorio por semana, según adelantaron legisladores del partido en el poder.

A pesar de las expectativas de diversos sectores sobre la posibilidad de incluir un segundo día de descanso obligatorio, senadores de Morena han aclarado que la iniciativa no modificará ese aspecto. El senador Oscar Cantón explicó que la propuesta se apega a lo establecido en la Constitución actual y destacó que el núcleo de la reforma es la reducción de horas trabajadas sin merma en el salario.

“¿Qué es lo importante de esta iniciativa? Que son las 40 horas de trabajo, hay una reducción que, de alguna manera, es un aumento de sueldo porque son menos horas de trabajo con el mismo sueldo”, sostuvo el legislador.

El dictamen, que reformaría el Artículo 123 constitucional, propone una aplicación gradual y escalonada de la reducción de la jornada, desde 2026 hasta 2030, con mecanismos de evaluación y seguimiento. Su objetivo declarado es mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las personas trabajadoras.

Sin embargo, el documento no define de manera expresa que la nueva jornada implique dos días de descanso obligatorio, ni precisa cómo se reorganizarán los esquemas actuales de trabajo. Este punto, junto con otros detalles operativos, quedaría pendiente para ser establecido en las posteriores modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

Disposición sobre horas extraordinarias

En contraste con la ambigüedad en el tema del descanso, el dictamen sí establece parámetros claros para el trabajo extraordinario. Estipula un límite de hasta cuatro horas extra por día, con un máximo de cuatro veces por semana. Además, determina que la suma de la jornada ordinaria y la extraordinaria no podrá exceder las doce horas en un mismo día, y que estas horas deberán pagarse conforme a lo previsto en la legislación laboral.

La propuesta se enmarca como una medida de derechos humanos laborales y de protección a la salud, aunque deja abierta la definición concreta sobre la distribución semanal del tiempo de trabajo y descanso, uno de los puntos que generará debate en las cámaras legislativas.