La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa ha dejado 25 víctimas mortales, mientras que 21 personas permanecen hospitalizadas y 38 han sido dadas de alta tras recibir atención médica. Entre los fallecidos se encuentran estudiantes y adultos mayores, incluyendo a Abril Castañeda, de 34 años; María Salud Jaurrieta, de 59 años; Jaime Becerra, de 49 años; y Jovani Martínez, de 17 años, quien sufrió quemaduras en el 99% de su cuerpo.

La menor Jazlin Azulet Carrillo, de dos años, fue trasladada a Texas para recibir atención médica especializada. La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió atender a decenas de heridos y trasladarlos a hospitales cercanos, donde reciben tratamiento especializado para quemaduras y otras lesiones derivadas del siniestro.

Las autoridades continúan investigando las causas del incidente, así como posibles responsabilidades legales, y han confirmado que se revisan los permisos y condiciones de transporte de materiales peligrosos en la pipa involucrada. Se espera que los resultados de la investigación permitan esclarecer las circunstancias exactas de la tragedia y evitar que sucesos similares ocurran en el futuro.

El Gobierno de Ciudad de México ha creado un Comité de Solidaridad, con participación de la ONU, la UNAM, la Cruz Roja y empresarios, para canalizar donaciones y asistencia a los afectados. Se han habilitado líneas de atención, centros de acopio y apoyo psicológico para las familias de las víctimas, con el fin de garantizar que reciban la atención necesaria durante este difícil momento.

Vecinos y organizaciones civiles se han sumado a los esfuerzos, ofreciendo apoyo logístico y acompañamiento a los afectados. El siniestro ha generado una fuerte conmoción en la comunidad, destacando la importancia de la prevención, la seguridad en el transporte de materiales peligrosos y la coordinación de los servicios de emergencia.

Este trágico hecho refuerza la necesidad de mantener protocolos claros de actuación y preparación ante emergencias, así como la importancia de contar con seguros y revisiones periódicas que garanticen la seguridad de la población frente a incidentes de esta magnitud.