Especialistas en Antropología y Derecho analizan la iniciativa para prohibir narcocorridos: mientras para unos representa un posicionamiento ético del Estado, para otros viola libertades constitucionales y refleja desconocimiento penal.
La iniciativa de reforma al Código Penal de Puebla que busca prohibir la reproducción de narcocorridos en eventos públicos ha generado un debate entre especialistas, quienes coinciden en que, aunque el Estado debe posicionarse frente a la narcocultura, la propuesta actual resulta represiva e inviable jurídicamente.
La Perspectiva Jurídica: Una Ley Inconstitucional y Represiva
Armando García Ariza, académico de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), calificó la iniciativa como “inviable jurídicamente” por tres razones principales:
- Viola el Artículo 6º Constitucional sobre libertad de expresión.
- Desconoce principios penales básicos, al intentar regular de forma ambigua la “apología del delito”, una figura ya tipificada a nivel federal.
- Cae en una “regresión en derechos humanos”, al utilizar el derecho penal como instrumento de represión social.
“El regular la apología del delito en dos ordenamientos viola un principio de exacta aplicación en materia penal. Criminalizar estas expresiones es equivalente a lo absurdo que sería sancionar la vagancia”, afirmó García Ariza, quien comparó esta iniciativa con la anterior “Ley de Ciberasedio”.
La Perspectiva Antropológica: Un Mensaje Necesario, pero Insuficiente
Frente a la postura jurídica, Anayuri Güemes Cruz, doctora en Ciencias Antropológicas e investigadora de la BUAP, defendió el valor simbólico de la iniciativa:
“Este tipo de iniciativas puede dejar muy clara la diferencia entre la libertad de expresión y enaltecer actos que hacen daño a la sociedad. El Estado debe posicionarse frente a contenidos que glorifican la violencia”.
Sin embargo, la especialista aclaró que la reforma, por sí sola, no detendrá la reproducción de narcocorridos ni la violencia en el país. Su importancia radica en que el Legislativo evidencia las formas simbólicas de violencia en estas expresiones culturales.
Un Consenso: La Ley Requiere Acciones Más Amplias
Ambos expertos coincidieron en que la iniciativa es insuficiente si no forma parte de una estrategia integral contra el crimen organizado.
- Güemes Cruz señaló que el beneficio social de la ley puede ser “intrascendente” sin prácticas concretas contra la delincuencia.
- García Ariza lamentó que los legisladores prioricen iniciativas represivas sobre una “agenda de mayor trascendencia” en materia de seguridad y derechos humanos.
La iniciativa, que busca sumar a Puebla a los estados que prohíben los narcocorridos, queda así en el centro de una polémica que enfrenta dos visiones: la necesidad de un mensaje ético del Estado y el riesgo de criminalizar expresiones culturales, en un debate donde lo social y lo jurídico parecen ir por caminos separados.
