El Congreso analiza una reforma a la gestión hídrica mediante la nueva Ley General de Aguas, con la que se pretende regular con rigor el uso del recurso. La propuesta apunta a combatir el mercado negro del agua, restringir abusos en concesiones y garantizar que su uso sea transparente y responsable. Quienes comercialicen ilegalmente el líquido podrían enfrentar sanciones severas bajo el nuevo marco normativo.
La iniciativa mantiene el esquema de concesiones, pero incorpora nuevos mecanismos de control, trazabilidad y supervisión estatal para impedir la venta ilegal y el uso abusivo del recurso. Las autoridades responsables revisan criterios para otorgar permisos, asegurar su uso correcto y proteger comunidades vulnerables que históricamente han sufrido la escasez. El objetivo es cerrar los espacios que permiten la privatización informal del agua.
De aprobarse la norma, se busca restaurar el acceso equitativo al agua potable y los derechos hídricos para pequeños productores, pueblos y zonas rurales que han sido afectados por la sobreexplotación. Así, la reforma aspira a impulsar la sostenibilidad del recurso, promoviendo prácticas responsables y un uso consciente en beneficio de todas las comunidades.
El nuevo marco legal marca un cambio de paradigma en torno al agua: deja atrás privilegios discrecionales y abre paso a una regulación estatal que prioriza el bien común. Con ello, se espera garantizar la protección del recurso vital, preservar ecosistemas y asegurar un abastecimiento justo y sostenible para el presente y las futuras generaciones.
