En un contexto de alerta por los riesgos que los grandes eventos deportivos representan para la seguridad de la niñez, el Congreso de México aprobó reformas a la Ley General de Turismo con el objetivo principal de prevenir la explotación sexual infantil asociada al turismo. La medida anticipa la presión que ejercerán eventos como la Copa Mundial de Fútbol 2026 y la Fórmula 1, identificados por especialistas como periodos de incremento potencial para este delito, particularmente en regiones fronterizas.
La reforma establece que los turistas nacionales o extranjeros que viajen con menores de edad deberán acreditar su parentesco o tutela legal mediante documentos oficiales, como actas de nacimiento o documentos migratorios. En caso de no poder presentarlos, los prestadores de servicios turísticos —como hoteles, líneas de transporte o agencias de viajes— están facultados y obligados a negar el servicio e informar de manera inmediata a las autoridades competentes. Esta acción busca priorizar el interés superior del niño, niña o adolescente en todo momento.
Un panorama complejo que exige acción
La urgencia de esta legislación se entiende al observar las cifras globales. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial como destino de turismo sexual infantil, además de ser el principal generador de pornografía infantil, según datos de Naciones Unidas. Los expertos señalan que el crimen organizado en México se está reconfigurando y diversificando sus fuentes de ingreso, y una de las tendencias que se prevé que se consolide en 2026 es precisamente el aumento de la explotación sexual infantil y el turismo sexual.
El reto del Mundial 2026 y el llamado a la acción integral
La proximidad de la Copa Mundial 2026, que México coorganizará con Estados Unidos y Canadá, ha puesto el foco en la necesidad de políticas específicas de protección. Organizaciones internacionales han advertido sobre la presunta falta de una política clara por parte de la FIFA para salvaguardar a la infancia en las sedes de sus eventos, lo que aumenta la responsabilidad de los gobiernos anfitriones.
Ante este panorama, la reforma legal se presenta como un primer paso crucial. Sin embargo, especialistas en derechos humanos insisten en que se requiere una estrategia integral y una cooperación estrecha entre los sectores público, privado y la sociedad civil. La explotación sexual infantil es un delito que prospera en la opacidad, y la transparencia, la capacitación del personal de servicios turísticos y la denuncia ciudadana serán elementos clave para que esta herramienta legal sea efectiva.
